SAINT PAUL, MN
La lucha por el poder entre facciones políticas es hoy clara en todos los frentes.
Ya sea que se refiera uno al gobierno federal, o bien en el plano de gobiernos estatales. Y Minnesota es un caso singular, en el que el gobernador del estado, Mark Dayton, se ha visto obligado estos dos últimos años como responsable de las riendas del estado a refrendar su posición ante un congreso controlado en su mayoría por el partido republicano.
Dentro de la legislación local, la discrecionalidad en la aplicación del derecho al veto, es limitada, y por tanto el gobernador debe ser selectivo y extremadamente cuidadoso al determinar en qué momento hará uso de dicho derecho. Por otro lado, al ejercer su derecho al veto, el gobernador pone también en cuestión su capacidad de negociación política, lo cual puede acarrear altos costos, no sólo para sí mismo, sino para el mismo partido político en futuros procesos electorales.
Uno de los puntos de discordancia entre un congreso republicano y un gobernador demócrata, en Minnesota, se presenta con la aprobación de la propuesta de ingreso y gastos para la burocracia local. En este punto, cabe recordar que este es el segundo bienio en el que el gobierno actual, reporta un superávit en la cuenta corriente estatal, por lo que la asignación de recursos se ha desarrollado sobre la base de la búsqueda de hacer prevalecer agendas políticas de uno y otro lados.
En el presente período, los poderes legislativo y ejecutivo deben llegar a acuerdos sobre el destino y colocación de poco más de mil millones de dólares que representa el superávit mencionado. Para Dayton es importante dar continuidad a programas de transporte y educación, así como apoyar a familias de menores recursos con recortes en cargas impositivas. Así mismo, el gobernador demócrata sugiere que se establezca un nuevo impuesto en la venta de gasolina, que sería destinado a financiar una propuesta de gasto de cerca de seis mil millones de dólares destinados a transporte y mejora y mantenimiento de caminos, a lo largo de los próximos diez años.
Por su parte, los legisladores republicanos buscan dar prioridad a devolver el superávit a quienes han pagado impuestos, proponiendo que quienes hayan aportado mayores montos, reciban igualmente mayor retorno. Con ello en mente, dichos legisladores buscan reducir significativamente los montos propuestos en gasto para el transporte, educación y otras áreas, indicando que pocas de las prioridades manejadas por el gobernador, pueden ser aceptadas. Acaso las más urgentes, desde su perspectiva.
Los recortes apuntan también a reducir el gasto gubernamental, bajo la constante premisa de construir un gobierno pequeño, y fortalecer el desarrollo de la economía con base a la inversión privada.
Ello pone al margen del presupuesto a un gran sector de la población, y es precisamente lo que molesta al gobernador Dayton. Incluso, ha llegado a indicar abiertamente que esta propuesta republicana es anti-popular y que se opondrá en lo máximo de sus capacidades a que se implemente como lo buscan los republicanos.
Junio se aproxima como momento perentorio para que se llegue a algún acuerdo, y sin embargo este parece lejano. Si para entonces no se ha llegado a un punto común de acuerdo en la implementación de una propuesta de ingreso y gastos, el estado podría quedar paralizado hasta que se encuentre una solución. De ahí que Mark Dayton se vea presionado en niveles superiores, y que busque desesperadamente de ayuda entre su propio partido, y entre quienes desarbolar labores de antesala legislativa para revertir lo que parece anticipar un momento de inmovilidad gubernamental.
Read Gov. Dayton’s letter detailing his strong concerns about the President’s budget & its impacts on Minnesotans: https://t.co/9tsCFalcRE pic.twitter.com/RcLi7Xc3vY
— Governor Mark Dayton (@GovMarkDayton) April 4, 2017
