SAINT PAUL, MN
En preparación para que Donald Trump tome protesta como presidente y cumpla sus promesas de campaña sobre inmigración, algunas ciudades y condados de Estados Unidos ofrecerán servicio legales para inmigrantes para ayudarlos a defenderse contra la deportación y evitar abogados fraudulentos.
En los estados donde los Demócratas presentan mayoría, los gobiernos locales usaran los fondos del gobierno para representar a los inmigrantes en los procesos federales. Los que apoyan la medida creen que es un acto de justicia y una manera de usar los fondos de manera inteligente, pero algunos cuestionan si es justo usar el dinero de los impuestos para tal efecto.
El día de ayer oficiales electos en Los Ángeles dijeron que están trabajando con algunas fundaciones privadas para poner a trabajar un fondo de 10 millones de dólares. Chicago ha aprobado 1.3 millones de dólares para fondos legales. Mientras que a nivel estado en California los legisladores estatales propusieron gastar decenas de millones de dólares para proporcionarles abogados a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación. En Nueva York se está contemplando un fondo legal público-privado, basado en el programa de defensa pública de esa ciudad, el cual es considerado un modelo a nivel nacional.
La amenazas de Trump sobre construir un muro y deportar a 11 millones de ilegales, ha desencadenado incertidumbre entre el circulo de inmigrantes. Al respecto, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel dijo después de que se aprobó la medida la semana pasada “necesitamos poder apoyara a las personas que temen.”
En Los Ángeles, quieren poner un fondo para servicios legales antes de que Trump llegue a la presidencia en enero. Mitad de ese dinero saldrá de las arcas de la ciudad y los condado, la otra mitad de donaciones, de acuerdo a la oficina del alcalde Eric Garcetti.
De acuerdo a la edición de septiembre del Consejo de Inmigración Americano, a los inmigrantes no se les otorga un abogado en la corte de inmigración y solo 37 por ciento de los que se encuentran en proceso de ser deportado cuentan con representación legal.
En California, los legisladores del estado han propuesto una legislación que tendrá un costo de más de 80 millones de dólares para abogados de inmigración y entrenamiento legal.
En Chicago, donde cerca de 150 mil personas no tienen estatus legal permanente, el dinero saldrá de dos asociaciones sin fines de lucro. Una se centrará en los inmigrantes pobres que enfrentan la deportación. La otra, empleará a 200 “navegadores comunitarios” que trabajarán a través de las iglesias, escuelas y eventos en la comunidad para localizar a inmigrantes ilegales y ayudarles a legalizar su permanencia en el país, de acuerdo a información que aparece en MPR.
Los gobiernos locales han decidido crear este fondo por razones económicas, porque los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, trabajan impuestos. Además, los hijos de inmigrantes que son deportado terminaran necesitando fondos púbicos, dijo Avideh Moussavian, abogado del Centro Legal de Inmigración Nacional.
Otra de las razones del programa, es ayudar a los inmigrantes a evitar servicios fraudulentos.
