MINNEAPOLIS, MN
El Tribunal Supremo de Justicia validó este lunes la composición de una junta supervisora fiscal de Puerto Rico y anunció otros fallos, pero mantuvo en vilo a cientos de miles de inmigrantes amparados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Miles de “soñadores”, como se conoce a los jóvenes que entraron hace años irregularmente al país con sus padres cuando eran unos niños, esperaban con ansia un posible pronunciamiento de la máxima instancia judicial de Estados Unidos.
Pero la Corte Supremo decepcionó las expectativas de los cerca de 650.000 jóvenes inmigrantes que actualmente están amparados por este alivio que concede dos años de permiso de trabajo y residencia en los EE.UU desde que fue creado en 2012 por decreto del entonces presidente, Barack Obama.
En 2017, el presidente, Donald Trump eliminó el programa, una decisión que dio pie a una prolongada disputa judicial que ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia y cuyo fallo se espera para antes de fines de junio.
Por contra, el Alto Tribunal sí se pronuncio, y de manera unánime, sobre Puerto Rico y rechazó la noción de que las designaciones de los miembros de la junta supervisora fiscal, creada para ayudar a la isla en su crisis fiscal, violaron la Constitución de EE.UU. porque no fueron sometidas a la conformación por parte del Senado.
La comisionada residente Jennifer González Colón sostuvo en San Juan que “con esta decisión el Tribunal Supremo de Estados Unidos por unanimidad, incluyendo la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, el Tribunal Supremo reitera que somos una colonia sin poder político ni económico”.
“Los poderes de la Junta son poderes que el Congreso no puede imponer a un estado”, añadió González, “Esta decisión muestra una vez más que si Puerto Rico quiere tener control de los asuntos locales, debe convertirse en un estado”.
El Congreso creó la llamada Junta de Supervisión y Gestión Financiera en 2016 y le dio autoridad para solicitar la bancarrota y ayudar a que Puerto Rico alcanzara una estabilización fiscal. Los siete miembros fueron designados por el presidente Barack Obama.
Después que Obama eligió a los miembros de la junta ésta solicitó la protección de la ley de bancarrotas para la isla, pero los acreedores objetaron el trámite argumentando que esos miembros debían ser confirmados por el Senado.
En otro caso, el Tribunal Supremo dictaminó, por 7 votos a favor y 2 en contra, que los inmigrantes que corren el peligro de ser torturados si son deportados de vuelta a su país pueden apelar esa deportación ante los tribunales federales.
El caso se refiere a Nidal Khalid Nasrallah, un residente permanente legal que vino a Estados nidos en 2006. El Gobierno había iniciado los trámites de deportación después que fue condenado por vender cigarrillos robados a agentes federales encubiertos y fue sentenciado a un año en prisión.
La Administración Trump había argumentado que un extranjero condenado por un crimen y ya en proceso hacia la deportación no podía apelar a los tribunales si el Departamento de Justicia ha decidido que no califica para las protecciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
