SAINT PAUL, MN
La pandemia de COVID-19 dejó a cuatro de los cinco miembros de la familia de Luz Chávez-Gonzáles sin empleo y la convirtió en la única proveedora de su hogar, en el que han tenido que recurrir a la caridad para sobrevivir ya que ninguno calificó para recibir las ayudas federales, una situación que asegura “no pueden resistir más”.
“Soy la única que tiene ingresos en este momento y desafortunadamente esto no es suficiente para sobrellevar la situación”, dijo Chávez-Gonzáles en un foro sobre la situación que enfrentan los indocumentados en este momento.
El relato de la inmigrante boliviana y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se une a los de miles de familias que fueron excluidas del Ayuda por Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (CARES), por tener al menos una persona sin estatus legal en su familia.
EL NUEVO PAQUETE DE AYUDA
En medio del rebrote de coronavirus que se extiende en el país, los pasos atrás en la apertura económica en varios estados y la culminación de los pagos extra por desempleo dados por CARES, el Congreso ha comenzado a evaluar un nuevo paquete de ayuda.
Sin conocerse el valor o lo que podría incluir la nueva propuesta, las voces de activistas y de los mismos inmigrantes se están escuchando por todo el país urgiendo a los legisladores a que incluyan a todos los inmigrantes que pagan impuestos y sus familias en este nuevo paquete sin tener en cuenta su estatus migratorio.
“Independientemente de dónde nacimos, instamos al Congreso a actuar con rapidez para garantizar que todos en este país puedan superar esta crisis sin precedentes”, dijo hoy Marielena Hincapié, directora de National Immgiration Law Center (NILC), en una conferencia telefónica.
El llamado se da tras el “castigo” que, según los activistas, significó CARES para la comunidad.
La legislación otorgó a las personas elegibles hasta 1.200 dólares por adulto y hasta 500 dólares por cada hijo menor de 17 años.
También proporcionó una ayuda adicional de 600 dólares semanales en los cheques de desempleo, y otorgó becas a estudiantes.
De todas estas ayudas federales los indocumentados estuvieron excluidos, así como sus hijos aunque hubieran nacido en el país.
“Millones de ciudadanos estadounidenses y contribuyentes no recibieron esa ayuda financiera aunque han pagado impuestos, y esta exclusión fue innecesariamente cruel”, consideró Hincapié.
NILC estima que aproximadamente 15,3 millones de personas en estas familias conocidas como de estatus mixto fueron excluidas del estímulo, incluidos 3,7 millones de niños y 1,7 millones de cónyuges que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
En el caso de Chávez-Gonzáles, sus dos hermanos perdieron el trabajo, junto con su madre, por los cierres de negocios causados por la pandemia. El padre de la joven inmigrante, quien no tenía trabajo antes de la llegada del coronavirus, enfrenta un panorama aún más incierto porque tiene una incapacidad para laborar y está en el grupo de mayor riesgo de contagio.
La familia actualmente depende del salario de la joven, y aunque han hecho bastantes ajustes en su presupuesto han tenido que recurrir a organizaciones comunitarias para poder subsistir.
El futuro no se muestra halagüeño ya que la joven se encuentra sumida en la incertidumbre ya que el Gobierno del presidente Donald Trump no ha acatado la orden para restablecer totalmente DACA, lo que la mantiene aún más “nerviosa”.
Por su parte, Christine Neumann-Ortiz, directora de Voces de la Frontera, en Wisconsin, resaltó que un gran número de indocumentados están afrontando la pandemia como “trabajadores esenciales”, desempeñando trabajos que los estadounidenses no quieren y arriesgando su salud y la de sus familias.
AYUNOS Y DEMANDAS PARA SER ESCUCHADOS
La situación económica de las familias de inmigrantes indocumentados los ha llevado a presentar demandas e incluso a declararse en huelga de hambre.
La semana pasada en Nueva York un grupo de más de 100 indocumentados realizó un ayuno de protesta para pedir a las autoridades estatales que aprueben un paquete de estímulos para apoyar a los trabajadores indocumentados que se han quedado fuera de las ayudas federales.
La protesta, que se efectuó cerca de la residencia del máximo ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en la Quinta Avenida de Manhattan, también pidió la aprobación de una ley estatal para aumentar los impuestos de las 118 personas más ricas de la ciudad.
Steve Choi, director de New York Immigration Coalition, explicó que una reciente encuesta hecha entre los neoyorquinos reveló que “la mayoría apoya a todos los inmigrantes para que se les proporcionen cheques de ayuda”.
“Es inexcusable. Hay más de un millón de neoyorquinos que han quedado excluidos y eso significa que Nueva York ha perdido 1.200 millones de dólares en fondos de estímulo que podrían ayudar a las pequeñas empresas a impulsar nuestra economía”, agregó.
Las familias de estatus mixto esperan la decisión de una demanda entablada en mayo a nombre de siete hijos de inmigrantes que acusa al Gobierno de Trump de “discriminación intencional” al excluir de la ayuda a niños y niñas estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo este martes que espera llegar a un acuerdo sobre la legislación de estímulo económico para fines de la próxima semana.
