MINNEAPOLIS, MN
El decreto por el cual el presidente Donald Trump ordenó que no se tome en cuenta a los inmigrantes indocumentados empadronados en el Censo 2020 para la distribución de la representación en el Congreso y la asignación de fondos federales es “fraudulento”, afirmó la orden de religiosas del Buen Pastor.
El censo, que por mandato constitucional se realiza en Estados Unidos cada 10 años, determina la representación de los estados en el Congreso y en el Colegio Electoral, y la asignación de miles de millones de dólares en fondos federales para escuelas, hospitales, infraestructura y programas de asistencia social.
La semana pasada Trump decretó que, aun si el censo cuenta a los indocumentados, no se usará la información para esas asignaciones durante la próxima década.
“La comunidad inmigrante es, otra vez, blanco del ataque del presidente del país que los inmigrantes aman y han buscado”, señaló una declaración de Lawrence Couch, director del Centro Nacional de Abogacía de las Hermanas del Buen Pastor, una orden de religiosas católicas.
“Aunque no hayan nacido en Estados Unidos, los inmigrantes han hecho el esfuerzo excepcional y tomaron la decisión de venir a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y ahora el presidente Trump ha emitido un decreto fraudulento según el cual los inmigrantes indocumentados empadronados en el Censo 2020 no contarán a los propósitos de distribuir los subsidios y beneficios federales”, añadió.
El miércoles habrá una audiencia en la Cámara de Representantes acerca de este asunto, y la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de fondos federales en la ejecución del decreto de Trump.
Esa ejecución es, de todos modos, dudosa: una coalición de 20 estados y 15 ciudades y condados inició el viernes una demanda legal ante un tribunal federal en Nueva York, con el argumento de que Trump “exhibe un desdén descarado hacia un mandato constitucional nada ambiguo”.
La Enmienda 14 de la Constitución estipula que “los representantes (en la Cámara baja del Congreso) se distribuirán entre los estados de acuerdo con sus números respectivos una vez contado el número total de personas en cada estado”.
En la práctica, el decreto de Trump luce más como un gesto que ratifica ante sus votantes la política antiinmigrante que el presidente ha promovido por años que como una medida con efectos reales, teniendo en cuenta que las demandas en tribunales estirarán la controversia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
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