MINNEAPOLIS, MN
Activistas, abogados y beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) hicieron este martes un llamamiento al Senado federal a dar el visto bueno a la propuesta de la Ley de Ensueño (Dream Act) aprobada el pasado año en la Cámara de Representantes, que daría acceso a la ciudadanía a miles de jóvenes llegados en su infancia a Estados Unidos.
La medida también pretende regularizar la situación migratoria de más de 2,5 millones de personas, incluyendo “soñadores” y beneficiarios de los programas humanitarios Estatus de Protección Temporal (TPS), y tras pasar el filtro de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, fue enviada para consideración del Senado, dominado por los republicanos.
“Mucho ha pasado con DACA en los últimos días”, dijo Sanaa Abrar, directora de United We Dream, y destacó que la Administración del presidente Donald Trump se ha rehusado a cumplir con las órdenes de dos tribunales, el más reciente el Supremo de EE.UU., para abrir nuevas solicitudes y restaurar completamente esta iniciativa, promulgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Aseguró que el Gobierno ha actuado así porque “quiere eliminar el programa” y destacó que las acciones de la Administración Trump han colocado en peligro de deportación a 700.000 jóvenes.
El programa DACA protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a un permiso de conducir, beneficios que deben renovar cada dos años.
“Con su nuevo memorando lo que busca es desmantelar el programa poco a poco y eso requiere una respuesta urgente”, dijo Abrar al referirse a la orden del Gobierno de rechazar las nuevas solicitudes al programa y otorgar una extensión de solo un año a los ya beneficiados, entre otras limitaciones.
“La Ley de Sueños y Promesas debe ser sometida a votación en el Senado para proporcionar alivio permanente a los jóvenes inmigrantes y a beneficiarios del TPS”, afirmó durante una rueda de prensa de una coalición de organizaciones, que pidieron que los inmigrantes, sin importar su estatus legal, sean incluidos en el nuevo paquete de estímulo económico que evalúa el Congreso.
También que se extiendan las protecciones contra la deportación para los acogidos a DACA y TPS, creado en 1990 y que concede permisos de trabajo de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.
Andrea Anaya y Arlette Morales, inmigrantes traídas a este país durante su infancia, contaron cómo su mundo se ha derrumbado con las políticas antiinmigrantes de la Administración Trump, pero también se afirmaron en su lucha por permanecer en el que consideran su hogar.
Anaya recordó que en 2017, cuando Trump derogó DACA -decisión que desde entonces ha librado muchas batallas en las cortes- estaba a solo un mes de calificar para el programa y en junio pasado tampoco pudo hacerlo, luego de que se anunciara que no se aceptarán nuevas solicitudes a pesar de la reciente decisión del Supremo.
El Supremo rechazó terminar el programa y determinó que la Administración Trump no actuó conforme a derecho en septiembre de 2017 cuando lo derogó.
“Tener DACA me hubiera permitido trabajar y apoyar a mi familia para perseguir mis sueños”, indicó.
Mientras que Morales aseguró que su mundo ha colapsado. “Cuando Trump decidió terminar con DACA fue uno de los peores días de mi vida. Mi vida colapsó y todos mis sueños desaparecieron. Nos merecemos algo mejor. DACA es solo un vendaje”, afirmó Morales y reiteró que no se dejará vencer.
“He decidido que nadie, ni Trump ni esta Administración racista va a decidir por mí cuál sería mi vida”, sostuvo la inmigrante.
Durante la rueda de prensa se recordó que más de 200.000 inmigrantes han estado en primera línea de trabajo durante la crisis de la pandemia.
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