SAINT PAUL, MN
La decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de adelantar en un mes la fecha para terminar el censo de población, cuando menos del 63 % de los hogares han respondido, puede conducir a un “conteo inaceptable” en perjuicio de las minorías, advirtieron expertos.
El censo se lleva a cabo en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y sus resultados determinan la representación política de cada estado en el Congreso federal y en el Colegio Electoral, y guía por una década la distribución de fondos federales para escuelas, hospitales, infraestructura y programas de asistencia social.
Este año, el empadronamiento debía terminar en julio, pero debido a la pandemia de COVID-19 la Oficina del Censo había extendido hasta el 31 de octubre el plazo para que sus funcionarios fueran puerta a puerta buscando completar el conteo.
Asimismo había extendido hasta abril de 2021 el plazo para entregar los resultados al presidente.
La semana pasada el Gobierno de Trump indicó que el censo concluirá el 30 de septiembre y que se entreguen los resultados al 31 de diciembre, lo cual dará al presidente la capacidad para distribuir distritos electorales y otras asignaciones.
“La Oficina del Censo se apurará a completar el empadronamiento para esa fecha, una tarea que el personal profesional de la oficina ha indicado, repetidas veces, que no puede completarse y llevaría a un conteo inaceptable”, señaló Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Elegidos y Designados (NALEO).
Trump ordenó que se le entreguen para el 31 de diciembre los resultados, “sobre los cuales buscará producir las distribuciones de representación política excluyendo a los inmigrantes indocumentados, a pesar de que la Constitución requiere su inclusión”, añadió Vargas.
La Enmienda 14 de la Constitución estipula que “los representantes (en la Cámara baja del Congreso) se distribuirán entre los estados de acuerdo con sus números respectivos una vez contado el número total de personas en cada estado”.
NALEO y otras organizaciones latinas han desarrollado esfuerzos durante meses para alentar a los hispanos a que participen en el Censo, y para ello debieron disipar los temores causados por el intento de Trump de incluir, en el cuestionario, una pregunta sobre la ciudadanía de los censados. Las querellas judiciales contra Trump en torno a este asunto concluyeron en junio del año pasado cuando el Tribunal Supremo desechó la pregunta sobre ciudadanía.
A mediados de junio un análisis hecho por NALEO y la cadena Telemundo calculó que solo la mitad de los aproximadamente 62 millones de latinos en el país habían respondido al cuestionario del Censo 2020.
John Thompson, quien fuera director de la Oficina del Censo durante el empadronamiento de 2010, dijo que está “extremadamente preocupado porque la Oficina se vea forzada a recortar los procedimientos”.
La orden de Trump para excluir a los indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones políticas y fondos federales “aumentará los temores y las preocupaciones de los grupos de población que, tradicionalmente, no son contados plenamente”.
Thompson sumó su firma a la de otros tres exdirectores de la Oficina del Censo -Vincent Barabba, Kenneth Prewitt y Robert Grooves- en una carta pidiendo que el Congreso “encargue a una institución independiente y apta, que sea apolítica y confiable, la producción de mediciones de calidad predeterminadas que puedan evaluar si las cifras finales del censo de 2020 corresponden con otros cálculos históricos y razonables que produce la Oficina del Censo”.
“La comunidad inmigrante es, otra vez, blanco del ataque del presidente del país que los inmigrantes aman y han buscado”, señaló una declaración de Lawrence Couch, director del Centro Nacional de Abogacía de las Hermanas del Buen Pastor, una orden de religiosas católicas.
“Aunque no hayan nacido en Estados Unidos, los inmigrantes han hecho el esfuerzo excepcional y tomaron la decisión de venir a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y ahora el presidente Trump ha emitido un decreto fraudulento según el cual los inmigrantes indocumentados empadronados en el Censo 2020 no contarán a los propósitos de distribuir los subsidios y beneficios federales”, añadió.
En una audiencia en la Cámara de Representantes acerca de este asunto, la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de fondos federales en la ejecución del decreto de Trump.
Esa ejecución es, de todos modos, dudosa: una coalición de 20 estados y 15 ciudades y condados inició el viernes una demanda legal ante un tribunal federal en Nueva York, con el argumento de que Trump “exhibe un desdén descarado hacia un mandato constitucional nada ambiguo”.
En la práctica, el decreto de Trump luce más como un gesto que ratifica ante sus votantes la política antiinmigrante que el presidente ha promovido por años que como una medida con efectos reales, teniendo en cuenta que las demandas en tribunales estirarán la controversia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
Don’t wait to complete the #2020Census. Time is running out. Respond online now at https://t.co/nzqhoc1xHM. pic.twitter.com/jy8BwFZXdf
— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) August 3, 2020
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