MINNEAPOLIS, MN
La Oficina del Defensor Público de San Francisco señaló que el aumento de casos de COVID-19 en el centro de detención de Mesa Verde, en Bakersfield (California), es ya una “crisis” y criticó la gestión de ICE para contener el avance del virus.
“La situación para aquellos en Mesa Verde es terrible”, dijo en un comunicado difundido el sábado Emi MacLean, defensor público adjunto de la citada oficina en San Francisco.
MacLean agregó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “claramente no está dispuesto o no puede hacer lo que se debe hacer para proteger a personas bajo su custodia de la amenaza de una pandemia mortal”.
De acuerdo a la contabilidad que difunde ICE en su página web, en ese centro se registran actualmente 13 positivos. No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) señala que hasta este sábado hay 54 casos de coronavirus entre un total de 104 detenidos.
Ante esa situación, la tarde del viernes el magistrado federal Vince Chhabria emitió una orden de emergencia para que ICE haga pruebas “inmediatamente” a todos los indocumentados en Mesa Verde así como a todos los empleados, más de 150, y que la tarea no se detenga hasta que esté completa.
El juez señaló que en este centro de detención el “brote podría haberse evitado”, y si ello no ha ocurrido ha sido por la “indiferencia deliberada” de ICE y de la empresa privada GEO Group, que administra la instalación.
Documentos ingresados en la corte, con motivo de una demanda colectiva contra ICE entablada en abril por ACLU y la Oficina del Defensor Público de San Francisco, entre otros, revelan que a este centro de detención fueron enviadas pruebas rápida de coronavirus “pero ICE se negó a usarlas en los detenidos”.
“Cuando finalmente hizo las pruebas, en cambio utilizó una que tardó días en mostrar los resultados. Esto creó una situación muy peligrosa con personas que son positivas mezcladas con la población en general”, detalló ACLU en un comunicado.
“Si ICE y GEO no pueden garantizar la seguridad básica de las personas bajo su custodia, mediante pruebas periódicas y atención médica adecuada, debemos considerar si se les debe permitir detener a alguien”, dijo Sean Riordan, abogado principal de ACLU en California.
