SAINT PAUL, MN
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer este martes la propuesta de una nueva norma de la Administración de Donald Trump que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación, lo que los expertos consideran podría afectar a personas que no son recibidas por sus países de origen.
El DHS difundió una “Notificación de la propuesta de reglamento”, que aparecerá desde el próximo jueves en el Registro Federal y por medio la cual se abre un periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la “Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas”.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales, “un extranjero que tiene una orden final de remoción y que es liberado temporalmente de la custodia de DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD)”.
“Esto desincentiva que el extranjero parta o coopere con su país de origen para obtener documentos de viaje para salir de Estados Unidos. Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de remoción y en última instancia un juez de inmigración les ha ordenado su remoción de Estados Unidos”, explicó el USCIS en un comunicado.
Para Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS, autorizar beneficios de empleo a extranjeros que ya han tenido el debido proceso y se les ha ordenado su deportación, “socava el estado de derecho y debilita las operaciones de aplicación de ley y de remoción del DHS”.
“Este esfuerzo -aseguró, al referirse a la propuesta- también eliminaría el incentivo económico que tienen estos extranjeros para no cooperar en el esfuerzo por obtener documentos de viaje para regresar a sus países de origen”.
La norma busca que “sólo un pequeño subgrupo de estos extranjeros que pueda demostrar que el DHS ha determinado que su remoción es impracticable podrían seguir siendo elegibles para su autorización discrecional de empleo”, y deberán demostrar además su necesidad económica de trabajar.
Además, limitaría a un año el periodo de validez de la autorización.
Al respecto, Aaron Reichlin-Melnick, consejero de política en el American Immigration Council, señaló en su cuenta de Twitter que esta propuesta busca “despojar de los permisos de trabajo a las personas a las que se les ordenó la expulsión, pero no pueden ser deportadas legalmente”.
“El propósito explícito y declarado de la regla es hacer que la vida de esas personas sea más difícil para que se deporten a sí mismas”, agregó.
En concreto se refirió a aquellas personas cuya deportación ha sido ordenada, pero no puede darse debido a que su país no las acepta.
“Durante décadas, estas personas han podido obtener permiso de trabajo, ya que no van a ninguna parte. Ahora, el DHS quiere acabar con eso”, señaló.
En ese contexto, alertó que el hecho de que el permiso de trabajo de un extranjero quede supeditado a una negativa de su país de origen a emitir los documentos de viaje, “podría significar que esa excepción no protegería a las personas (procedentes) de países que simplemente no responden al DHS” o dan rodeos para atender a ese pedido.
La Administración del saliente presidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de normas en contra de la migración y en especial beneficios como el asilo.
