SAINT PAUL, MN
Defensores de los inmigrantes anticiparon este lunes que la pandemia de coronavirus se convierta en un obstáculo para que la Administración del presidente electo Joe Biden eche hacia atrás algunas de las regulaciones que el presidente Donald Trump impuso a inmigrantes en medio de la emergencia sanitaria.
Entre los retos que enfrenta el nuevo Gobierno está la derogación del Título 42, una normativa establecida por la Casa Blanca en marzo pasado que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
Entre octubre y noviembre (los dos primeros meses del año fiscal de 2021), la CBP expulsó por la frontera sur del país a cerca de 120.000 inmigrantes echando mano del Titulo 42.
Tatiana Broff, consultora para temas regionales de Women’s Refugee Commission, resaltó que la inadecuada relación entre la pandemia, las solicitudes de asilo político y la seguridad fronteriza representa una complicada situación para que la nueva Administración pueda derogar esta regulación.
“Es la más problemática (la norma Título 42). El equipo de transición del presidente electo Biden se ha limitado a decir que revisará la orden de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), pero no ha hecho ninguna referencia de modificarla aún”, explicó Broff.
La advertencia se hizo en el marco del seminario en línea “Implicaciones de una Administración Biden para las políticas migratorias y exteriores de Estados Unidos hacia México y Centroamérica”, en el que se analizaron los retos a los que se enfrenta la nueva Administración y en qué áreas las organizaciones tendrán que presionar para lograr cambios.
Broff valoró que eliminar esta norma será “un gran reto en lo cambios de política migratoria”, ya que mezcla la seguridad fronteriza y los solicitantes de asilo político, mientras se garantiza las medidas sanitarias para controlar la pandemia de covid-19 en las fronteras.
La balanza estaría inclinada en contra de los inmigrantes desde ahora, ya que dentro de las cuatro prioridades actuales del nuevo gobierno demócrata no está la inmigración, destacó Daniela Burgi-Palomino, directora de Latin America Working Group (LAWG).
La primera prioridad de Biden sería la pandemia, seguida por la economía, el cambio climático y la equidad racial, según Burgi-Palomino.
Ante la cuesta arriba, un grupo de organizaciones proinmigrantes ha emprendido una serie de seminarios para educar a activistas sobre la presión que se debe aplicar al nuevo Gobierno sobre lo que se puede hacer para desarticular las duras políticas impuestas por Trump contra los solicitantes de asilo político, el programa de Acción Diferida (DACA), y el Estatus de Protección Temporal (TPS), entre otros.
No obstante, Broff hizo hincapié en el reto que implica el Título 42. La activista enfatizó que en lo que va de la pandemia más de 260.000 inmigrantes han sido expulsados de regreso a México o sus países de origen sin derecho a una audiencia frente a un juez de inmigración.
La cifras de CBP sobrepasan la estimación. Según los datos de las autoridades fronterizas entre marzo y septiembre de 2020 fueron expulsad0os 197.043 personas por la frontera sur bajo el Titulo 42, a lo que se suman las 120.000 extranjeros expulsados entre noviembre y diciembre, lo que sobre pasa los 315.000 expulsados.
