MINNEAPOLIS, MN
Los indocumentados que llegaron siendo niños a Estados Unidos y acogidos al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, cumplen este domingo 25 de abril 20 años aguardando a que el Congreso apruebe un proyecto de ley que los legalice y les abra una vía a la ciudadanía.
El punto de partida de esta carrera de los “soñadores” que parece no tener fin se dio el 25 de abril de 2001, cuando el senador demócrata Dick Durbin y el senador republicano Orrin Hatch (actualmente retirado) presentaron el proyecto “Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros”, mejor conocida como “Dream Act” o Ley del Sueño.
LA CONCEPCIÓN DE LOS SOÑADORES
El proyecto inicial otorgaba a los inmigrantes elegibles un estatus “condicional” por seis años, y en este tiempo se les exigiría que se graduaran de una carrera universitaria intermedia de dos años, o que hubieran completado al menos dos años de estudios universitarios.
Otra opción era que el solicitante hubiera servido al menos dos años en el Ejército de los Estados Unidos.
Después de este periodo de seis años, aquellos que cumplieran con al menos una de estas tres condiciones serían elegibles para solicitar la residencia permanente.
Para ser elegibles los inmigrantes deberían tener prueba de haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años y haber vivido en el país por lo menos de cinco años, además de tener entre 12 y 35 años al momento de la promulgación de la ley, y ante todo tener buen carácter moral.
Los requisitos y la propuesta se convirtieron en la base de muchos otros proyectos que favorecían a este grupo de indocumentados, que fueron bautizados como “dreamers” (soñadores).
OTRO INTENTO EN LA CAMÁRA DE REPRESENTANTES
El mismo 25 de abril de 2001 el entonces congresista demócrata por Ilinois Luis Gutiérrez presentó en la Cámara de Representantes el proyecto “Immigrant Children’s Educational Advancement and Dropout Prevention Act”, que habría permitido a los estudiantes indocumentados solicitar primero la protección contra la deportación y luego la residencia permanente si cumplían ciertos criterios.
Ambos proyectos fallaron y se quedaron sin el apoyo suficiente, dando paso a una serie de iniciativas y luchas que han llevado a los “soñadores” a convertirse en uno de los grupos de inmigrantes indocumentados que más presión política han hecho tanto al nivel estatal como al federal en el país.
Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 propuestas en favor de los “soñadores”, y aunque hay diferencias clave todas habrían legalizado a los jóvenes que llegaron a este país cuando eran niños.
Algunas versiones han obtenido hasta 48 copatrocinadores en el Senado de Estados Unidos y 152 en la Cámara de Representantes, según datos del American Immigration Council (AIC).
LOS DEMÓCRATAS TUMBAN EL DREAM ACT
A pesar del apoyo bipartidista para cada versión del proyecto de ley, ninguno se ha convertido en ley.
Un proyecto de 2010 fue el que estuvo más cerca de aprobarse por completo cuando fue avalado por la Cámara, pero quedó a solo cinco votos de los 60 necesarios en el Senado. Al menos cinco senadores demócratas, que supuestamente hacían parte del capital político del presidente Barack Obama (2009-2017) votaron en contra.
VEINTE AÑOS DE ESPERA
En marzo pasado los soñadores volvieron a ilusionarse tras la aprobación del proyecto “American Dream and Promise Act of 2021” por parte de la Cámara de Representantes.
La propuesta es una versión renovada de una ya aprobada por los representantes en junio 2019 pero que no fue considerada para su discusión en el Senado, de mayoría republicana en ese entonces.
En febrero pasado Durbin presentó, junto al senador republicano Lindsey Graham, la versión del Dream Act 2021 al Senado.
“Presenté el Dream Act por primera vez hace 20 años y seguiré luchando hasta que se convierta en la ley del país. Se trata de una simple cuestión de equidad y justicia estadounidenses”, dijo entonces el senador demócrata.
El proyecto en el Senado tiene una cuesta arriba ya que necesita de 60 votos para ser aprobado, diez de los cuales deben ser republicanos.
