SAINT OAUL, MN
Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento del Senado de EE.UU., dispuso este domingo que los demócratas no pueden usar su plan de gasto social de 3,5 billones de dólares para dar la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados.
McDonough, que actúa como árbitro no partidista en lo que respecta a las reglas del Senado y que decide sobre asuntos técnicos como si una legalización masiva de inmigrantes indocumentados tendría cabida en el presupuesto federal, asestó un golpe con su recomendación a uno de los proyectos estrella de los demócratas.
La decisión se dio a conocer después de una reunión en la que estuvieron presentes legisladores progresistas y del Partido Republicano.
Los demócratas quieren dar una vía para la ciudadanía a 8 millones de los 11 millones de indocumentados que hay en EE.UU., entre los que hay muchos que llevan años viviendo en el país.
La última legalización masiva de inmigrantes irregulares se produjo en 1986.
MacDonough ha tenido que decidir si este plan migratorio tenía suficiente efecto sobre el presupuesto federal como para ser incluido en un proyecto de ley de reconciliación, que requiere de una mayoría simple para ser aprobada en la Cámara Alta.
Esta sería la única manera de sacar adelante la legalización porque si el plan no es aprobado a través del mecanismo de reconciliación, se necesitarían 60 votos en el Senado, de los que los demócratas no disponen, ya que cuentan con 50 escaños más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.
MacDonough consideró que conceder la ciudadanía a millones de migrantes sería “un cambio de política tremendo y duradero que empequeñece su impacto presupuestario”.
Aun así, advirtió de que “sentaría un precedente” que podría ser empleado contra cualquier inmigrante legal, ya que “la política de arrebatar el estatus a cualquier inmigrante no superaría en gran manera el impacto presupuestario que pueda haber”.
“Eso sería un desarrollo sorprendente -agregó-, pero una consecuencia lógica de permitir este cambio propuesto en la reconciliación y es una prueba más de que los cambios de política de este plan superan con creces el impacto presupuestario que se le ha asignado y no es apropiado para su inclusión en la reconciliación”.
