MINNEAPOLIS, MN
El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy jueves nuevas normas para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados, y continuará dando prioridad a la expulsión de criminales, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, también dan prioridad a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.
En respuesta a una demanda de Texas, en agosto pasado el juez federal Drew Tripton, del Distrito Sur en Corpus Christi, Texas, declaró nulas las prioridades que el Gobierno del presidente Joe Biden había establecido en febrero para la detención de inmigrantes, que apuntaban a la deportación de individuos que hubieran cometido delitos o fueran una amenaza para la seguridad nacional.
Aquella decisión del Gobierno, a su vez, respondió a una orden del Congreso para que se establecieran prioridades en la deportación de inmigrantes indocumentados.
Mayorkas dijo en una entrevista que publica el diario The Washington Post que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no deberán arrestar y deportar a trabajadores rurales, ancianos y otras personas que podían ser detenidas y expulsadas bajo las políticas del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).
Asimismo, indicó el funcionario, los agentes del ICE deberán evitar la detención de inmigrantes que llamen su atención porque hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores “inescrupulosos”, o porque hayan participado en manifestaciones de protesta.
“La principal cuestión es si un no ciudadano presenta una amenaza a la seguridad pública”, explicó Mayorkas en un memorando a los agentes del ICE.
A comienzos de 2020, el ICE llegó a tener un promedio diario de 40.000 personas detenidas y actualmente tiene poco más de 28.130 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.
Las detenciones, que durante el Gobierno de Trump incluyeron redadas en sitios de trabajo, bajaron de 6.000 en diciembre pasado a 3.600 en agosto, según los datos del ICE.
“¿Vamos a seguir perdiendo tiempo en la aprehensión y deportación del trabajador o la trabajadora rurales que se rompen la espalda recogiendo la fruta que ponemos en nuestras mesas?” dijo Mayorkas en la entrevista.
“Porque si perseguimos a este individuo no vamos a gastar esos mismos recursos en alguien que, realmente, amenace nuestra seguridad”, agregó.
