MINNEAPOLIS, MN
La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, dio marcha atrás este lunes a una norma de su antecesor, Donald Trump, que prohibía destinar fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que desviaran los procedimientos de aborto a otros especialistas.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) informó en un comunicado que emitió una norma final que entrará en vigor el próximo 8 de noviembre y pretende fortalecer el programa conocido como “Título X”, que destina financiación federal para la planificación familiar y los servicios de salud preventiva.
Ese programa no permite pagar con fondos públicos los procedimientos para acabar con el embarazo, pero la medida aprobada por el anterior Gobierno impedía incluso que los centros financiados con esos recursos remitieran a sus pacientes a otros lugares para practicarse un aborto.
La nueva medida llega cuando la discusión sobre el aborto vive un nuevo capítulo en el país tras la aprobación de una ley en Texas que prohíbe esa intervención a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas, y a escasas semanas de que el Supremo celebre el 1 de diciembre una vista sobre este tema.
El HHS detalló que la nueva reglamentación revierte “los cambios de la Administración Trump (2017-2021) al programa”.
Además, restablecerá servicios como la telemedicina y la “necesidad urgente de los servicios de planificación familiar”, a la luz de eventos como la ley aprobada en Texas.
Antes de la entrada en vigor en 2019 de la norma de Trump, el “Título X” contaba con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y daba servicios a 4 millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo Estados Unidos.
Pero entre 2018 y 2020, el número de pacientes atendidos con esa subvenciones se redujo en 2 millones, apuntó el HHS, citando el Informe Anual de Planificación Familiar, que observó una “disminución significativa en el número de clientes atendidos en 2020” bajo este programa, atribuido a la reglamentación de Trump.
A raíz de esa normativa de 2019, seis estados no tienen servicios de planificación familiar financiados con dineros públicos y otros siete tienen una “capacidad limitada”.
El secretario de salud, Xavier Becerra, explicó en el comunicado que la nueva norma “tiene como objetivo fortalecer y restaurar el Título X”.
“Hoy más que nunca estamos dejando en claro que el acceso a una atención de planificación familiar de calidad incluye información y referencias precisas, basadas en las necesidades y la orientación del paciente”, agregó.
La norma de Biden, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal (gaceta oficial), fue propuesta en la Primavera y recibió más de 180.000 comentarios durante un periodo de un mes.
