Saint Paul, MN
Los casos acumulados en el sistema de cortes de inmigración (que ven en Estados Unidos todos los casos relacionados con el estatus legal de los emigrantes) sumaron 1.596.193 al finalizar diciembre del 2021, el más grande en su historia, y se han acelerado a un “ritmo vertiginoso” bajo la Administración del presidente Joe Biden.
Estos datos se recogen un informe del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la universidad de Siracusa en Nueva York.
Según el informe, entre octubre y diciembre del 2021 se produjo el mayor registro de nuevos casos -140.000- lo que asegura supera con creces cualquier aumento trimestral en los momentos más críticos de la administración del presidente Donald Trump (2017-2021).
El informe asegura que el número de casos acumulados representa casi el tamaño de la población de Filadelfia, que es la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos.
Destaca que pasadas administraciones de gobierno, desde al menos la de George W. Bush, han fracasado al intentar abordar el problema aparentemente intratable de los “retrasos” de la Corte de Inmigración, pero ahora hay una nueva tendencia “inquietante” durante la administración de Biden que “exige atención”.
Advierte que estos hallazgos sugieren que se están entrando en una nueva era preocupante de cargas de casos aún más aplastantes, “tanto más preocupante ya que ningún intento de solución ha podido revertir la avalancha de casos que ahora enfrentan los jueces de inmigración”.
Aunque reconoce que también ha influido el cierre de las cortes por la crisis de salud ocasionada por la pandemia, asegura que el principal contribuyente es la reciente avalancha de nuevos casos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (o Interior) bajo Biden.
Advierte igualmente que si continúa el ritmo actual durante el primer trimestre del año fiscal 2022, la corte de inmigración recibirá 800.000 casos nuevos.
Las cortes de inmigración (hay 58 en Estados Unidos) resuelven procedimientos civiles de extranjeros que hayan violado su estatus migratorio (incluyendo la entrada ilegal en el país o la expiración de un permiso de residencia), además de tratar las concesiones de asilo humanitario o de refugiado político.
