SAINT PAUL, MN
La Corte de Apelaciones de Minnesota ha dictaminado que el cuerpo policial requerirá de contar con una orden judicial para proceder en la aplicación de pruebas de sangre a personas sospechosas de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (DUI).
La decisión ha sido tomada como respuesta a una serie de cuestionamientos a la ley en Minnesota que criminalizaba el rehusarse a aceptar una prueba de sangre u orina como parte del procedimiento al que se habría de someter a una persona detenida bajo la sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol. En el estado, la implementación de dicha ley se encontraba bajo la lupa a partir de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que dictó en el 2013 una política que estipulaba que en general se requería de una orden judicial para obtener sangre u orina del conductor bajo sospecha.
En los últimos años, la Suprema Corte de Minnesota, al tiempo que ha sostenido la llamada “ley de consentimiento implícito” continuó refinando cuando podría ser empleada. Esto es, si un individuo era detenido, y consentía a someterse a pruebas sanguíneas o de orina, estaría renunciando al derecho de solicitar la orden judicial para hacerlo. Hoy, la corte de apelaciones habría decidido finiquitar de una buena vez las dudas al respecto, haciendo obligatorio el requerir de la orden judicial.
La corte decidió en el caso del conductor que se encontraba bajo la influencia del alcohol, Todd Trahan, quien habría sido detenido en octubre del 2012 por parte de un oficial de la oficina del Sheriff del Condado Ramsey, cuando conducía de forma errática. Transpiraba olor a alcohol y tenía también dificultades para mantenerse en pie. Tampoco contaba con una licencia de conducir válida; su licencia habría sido suspendida por conducir embriagado.
Trahan se rehusó a tomar la prueba sanguínea, y recibió cargos bajo la ley de consentimiento implícito, que requiere que los conductores entreguen pruebas de orina y sangre para casos de DUI, o bien resultarían contar con cargos más severos. El acusado recibió, luego de apelar, una sentencia de 5 años de prisión, decisión que hoy ha sido revertida, con el argumento de que la aplicación de dicha ley ha sido anti constitucional.
“Las pruebas de sangre son intrusiones serias en el cuerpo humano que implican en una persona ‘la invasión más personal y profunda de la privacidad,’” escribió la Juez Jill Flaskamp en la nota que dio cuenta de una corte de apelaciones dividida. “A diferencia del aliento, la sangre no es expulsada del cuerpo de forma regular ni natural.”
Al tiempo en que la Suprema Corte ha permitido la aplicación de algunas excepciones a la requisición de una orden judicial para extraer sangre, la preocupación por el retraso en la presentación de resultados de la prueba ha sido expresada en diversos foros. Se cree que cuando ha pasado el tiempo, la cantidad de alcohol en la sangre podría incluso haberse disipado.
La juez reconoció que el estado ha buscado disminuir el número de accidentes relacionados con el consumo de alcohol, pero igualmente señaló que la aplicación de una ley no validada por ninguna instancia judicial puede más bien actuar en perjuicio de dichos esfuerzos. Algunos jueces como Kevin Ross, se expresaron en desacuerdo, citando la cuarta enmienda constitucional, al indicar que muchos de quienes se rehúsan a la prueba sanguínea, son detenidos infraganti, lo cual constituye un argumento suficiente para encarcelar al sospechoso.
