SAINT PAUL, MN
El Centro para la Integridad Pública, organización sin fines de lucro con base en Washington DC, ha presentado su reporte de integridad 2015. Se trata de una investigación que es una evaluación comprensiva del nivel de responsabilidad y transparencia de los gobiernos estatales. Mediante una investigación extensiva, hecha por reporteros en cada estado, se califica y lista a cada uno de ellos con base en las leyes existentes y un análisis de qué tan bien están ellas implementadas.
En este concierto, el gobierno del estado de Minnesota no resultó bien evaluado, con una calificación casi reprobatoria, llegando a D-. Ello sería drástico, si hubiese algún otro estado que hubiera logrado una calificación perfecta, pero Alaska, que lidera la lista, recibió una calificación de C por transparencia e integridad.
Esta calificación resulta un retroceso con respecto al 2012, cuando el estado recibió una D+. Cabe señalar que estas calificaciones no son directamente comparables, sobre todo debido a cambios hechos para mejorar y actualizar las preguntas y la metodología empleados, tales como la eliminación de la categoría para reorganizar los distritos electorales, un proceso que ocurre comúnmente cada 10 años.
Así, pese a que muchos oficiales de gobierno presumen de plena transparencia e integridad en el ejercicio gubernamental, existen serias evidencias de que las decisiones se toman de forma apresurada, y aparentemente mediante cabildeo a puertas cerradas, y sin considerar las opiniones de las minorías legislativas. Un ejemplo de ello es cuando en la pasada legislatura el vocero de la casa de representantes introdujo una propuesta de presupuesto con cambios, muchos de los cuales no habrían sido leídos por una gran parte de los congresistas, y con una extensión de 93 páginas.
“Sr. Vocero, es 93 páginas de longitud y nadie en este cuerpo [legislativo] ha contado con una copia de el mismo,” dijo en aquel momento la Representante Demócrata Melissa Hortman. “No tenemos ni idea de lo que hay en esta iniciativa.”
En ese entonces, el vocero de la casa de representantes ignoró la petición y llamó a voto por la iniciativa, que fue aprobada por mayoría.
Son estos dos minutos de la sesión legislativa, aunque breves, los que proveen una ventana pública muy iluminada a los trabajos internos de la legislatura, como fruto de acuerdos de último minuto luego de negociaciones a puerta cerrada y protocolos cuestionables de ética.
Con todo, Minnesota se coloca como el estado número 28, con esa calificación promedio, que oculta sin embargo serios problemas en diversas áreas bajo observación. El estado obtuvo calificación de F en acceso público a la información, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad legislativa, responsabilidad judicial, agencias de aplicación de ética y el manejo de fondos de pensiones estatales, siendo ésta última la pero categoría para Minnesota, colocándose en el lugar 47.
La auditoría interna recibió una B, y el cuidado electoral B-, siendo las mejores calificaciones recibidas, renqueándose en lugares 10 y 6, respectivamente.
“Minnesota, que en algún momento estaba al frente en estas cosas [en el país], ahora se encuentra tan enredado que nos hemos retrasado incluso en comparación con otros estados,” declaró David Schultz, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Hamline.
Mucho que mejorar, pero principalmente la calidad de la información disponible para el público, que para la mayoría de los entrevistados, recibió un rotundo no, al preguntárseles si confiaban en la calidad de la información que el gobierno del estado otorgaba.
En respuesta a esta calificación, la legisladora Torres Ray compartió en su cuenta Twitter:
I’m not surprised! MN gets D- grade in State Integrity Investigation | Center for Public Integrity https://t.co/AjIdVWxBbN
— Patricia (@TorresRayMN) November 10, 2015
