MINNEAPOLIS, MN.-
Exiliados y activistas, que denunciaron violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua, instaron este jueves al presidente Joe Biden para que extienda el estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos de ese país.
El 22 de junio un tribunal federal en el Distrito Norte California tendrá una audiencia que podría determinar el futuro del programa TPS para El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y Sudán.
En marzo de 2018 la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones iniciaron una demanda contra el gobierno del entonces presidente Donald Trump bajo el argumento que había violado los derechos de los beneficiarios de esos 6 países cuando puso fin al beneficio.
En noviembre de 2022 el gobierno de Biden anunció que los beneficiarios de TPS de esos seis países retendrían su protección hasta que haya una decisión en el tribunal federal.
“Es de gran importancia que se extienda el TPS para los nicaragüenses que viven en Estados Unidos, y que contribuyen a la cultura y la economía”, afirmó en una teleconferencia de prensa el representante Maxwell Alejandro Frost, demócrata de Florida.
“Entendemos que el TPS es algo temporal y que debería abrirse una senda para regularizar la situación de los beneficiarios de TPS y de DACA”, agregó.
“Pero tenemos que lidiar con la situación tal y como es ahora, en el presente: la situación en Nicaragua demanda que el gobierno extienda el TPS”.
José Luis Díaz Cruz, un sacerdote católico de la diócesis de Matagalpa, exiliado en Estados Unidos, afirmó que el gobierno del presidente Daniel Ortega hostiga a la Iglesia Católica y que él mismo fue detenido y pasó 15 días encerrado con otros 11 detenidos.
“Vigilados constantemente con la casa rodeada de hombres armados”, señaló. “Nos trasladaron a Nicaragua donde hubo torturas psicológicas, interrogatorios de hasta tres horas, tras lo cual fui condenado a 10 años de cárcel”.
“Me quitaron los derechos civiles y la ciudadanía, fui nombrado traidor a la patria y expatriado”, relató Díaz. “Mi caso es lo mismo que el de centenares de nicaragüenses que no podemos retornar mientras dure la dictadura”.
Según Immigration Forum, hasta febrero había en Estados Unidos unos 400,000 extranjeros amparados por TPS sin incluir a los oriundos de Afganistán, Venezuela y Burma que han sido designados para esa protección recientemente. Entre ellos, según esa organización, había 4,526 nicaragüenses, 80,709 hondureños, 251,567 salvadoreños y 56,453 haitianos. Unos 323,000 venezolanos pueden ahora solicitar su TPS.
El estatus de protección temporal lo otorga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos y no pueden retornar a sus países debido a circunstancias como conflictos armados, desastres ambientales o violencia política.
Mientras estén amparados por el TPS esos extranjeros no son deportados ni detenidos por su situación migratoria, pueden obtener un permiso de trabajo, y pueden gestionar permisos para viajar afuera del país.
