MINNEAPOLIS, MN.-
El fallo de hace un año del Tribunal Supremo de EE.UU. que derogó el derecho al aborto supuso un antes y un después, pero los republicanos aspiran a ir más lejos y prohibir, entre otros, los métodos anticonceptivos, la píldora abortiva y los viajes de un estado a otro para interrumpir el embarazo. Y la lista continúa, porque en el punto de mira de los conservadores están también la planificación familiar y los derechos del colectivo LGTBI.
El 24 de junio de 2022, fecha en la que la máxima instancia judicial estadounidense publicó su decisión sobre el aborto, no supuso el punto final a los esfuerzos iniciados hace décadas por los republicanos contra la interrupción voluntaria del embarazo, sino una escala en la ofensiva.
A fecha de hoy, y de acuerdo a datos de la organización Planned Parenthood, que tiene la mayor red de clínicas de salud reproductiva de EE.UU., el acceso al aborto ha sido eliminado parcial o totalmente en 20 estados, como Texas, Florida, Alabama, Georgia, Kentucky o Carolina del Norte.
Por contra, 25 estados y Washington D.C. tienen protecciones constitucionales o legales, como ocurre en Michigan, Nueva York, Maryland o Colorado.
Esta ola conservadora no es un fenómeno reciente, indicó a EFE la profesora Karissa Haugeberg, de la Universidad de Tulane (Luisiana), que ha estudiado el movimiento antiabortista, sino que se inició tan pronto como algunos estados comenzaron a descriminalizar el aborto a finales de la década de los 60.
Esta corriente contraria a la interrupción del embarazo se hizo nacional en 1973 con la sentencia “Roe contra Wade” del Supremo, que legalizó el acceso al aborto, y cobró fuerza en la década de los 90.
“Es un movimiento abrumadoramente religioso, que emplea estrategias seculares para lograr que se aprueben leyes, porque este no es un Estado religioso, no pueden decir que el aborto es inmoral, por lo que lo criminalizan con razones seculares para aprobar esas leyes. Pero en el fondo lo que les motiva es la creencia religiosa de que la vida comienza en la concepción”, explicó esta historiadora.
Tras haber logrado que el Supremo, que cuenta con mayoría conservadora, revocara ese derecho hace un año, el siguiente paso es ir a por los estados que protegen el acceso y evitar que las mujeres que viven en sitios donde está prohibido puedan viajar a otros lugares para acabar con su embarazo.
Un ejemplo es el caso de Carolina del Norte, donde a partir del 1 de julio entrará en vigor una ley estatal impulsada por los republicanos que prohíbe el aborto a partir de la duodécima semana de gestación, cuando actualmente está vetado a partir de la vigésima.
Allí, la organización A Woman’s Choice tiene tres clínicas de salud reproductiva en Charlotte, Greensboro y Raleigh, donde atienden no solo a mujeres de ese estado, sino también procedentes de otros como Luisiana, Misisipi, Texas, Georgia, Florida y Carolina del Sur, donde el aborto está prohibido totalmente o con fuertes restricciones.
La vicepresidenta de labores de Apoyo y Operaciones de A Woman’s Choice, Amber Gavin, subrayó a EFE que la nueva regulación va a tener “efectos devastadores”.
El tiempo es vital cuando alguien se encuentra en estado de gestación y quiere interrumpir el embarazo voluntariamente, sobre todo, cuando el proceso es una carrera de obstáculos.
Gavin afirmó que tras el fallo del Supremo el periodo de espera para que la gente pueda acceder a un aborto ha aumentado.
En estos momentos lograr una cita puede llevar entre una y dos semanas, dependiendo de si se requiere un aborto quirúrgico o con medicación, de la disponibilidad que tenga la clínica y de si la paciente requiere de apoyo financiero, ya que, como indicó Gavin, la mayor parte necesita este tipo de asistencia.
La mayoría de los abortos en Carolina del Norte son con medicación, es decir, con la píldora abortiva, que los republicanos quieren vetar. Por lo pronto, han reducido el tiempo para poder acceder a ese medicamento de once a diez semanas y se han añadido requisitos administrativos que las clínicas tienen que cumplir.
Para Gavin, quizás uno de los más perjudiciales es que las pacientes tienen que someterse a una sesión informativa obligatoria -que exige el estado- por parte de los profesionales sanitarios que les atienden y luego esperar 72 horas para poder someterse al aborto.
Además, “la nueva ley requiere que las pacientes reciban el guion obligatorio (la información que el estado exige que se les dé) en persona”, apuntó la responsable de A Woman’s Choice.
Ante este panorama, lo que queda es recurrir a las urnas para elegir a políticos que defienda el acceso al aborto.
El senadora estatal de Carolina del Norte, la demócrata Rachel Hunt, se presenta el próximo año al cargo de vicegobernadora y ha elegido el aborto como tema principal de su campaña.
Confía en que este asunto movilice a los electores, como ya lo hizo en los comicios de medio mandato de 2022.
“Creo que una vez que el veto de Carolina del Norte entre en vigor las mujeres verán como afecta a sus vidas y a las vidas de sus hijos y amigos, y se enfadarán. La gente que está enfadada se movilizará para ir a votar y lograr que otra gente vote y haga cambios en el estado”, auguró Hunt, en declaraciones a EFE.
La política no lo duda: esta ley de los republicanos es el primer paso hacia “una prohibición total del aborto” en el estado. Haugeberg también lo ve claro, los antiabortistas quieren una prohibición en todo EE.UU. y extenderla al resto del mundo.
Frente a estos esfuerzos, la solución a largo plazo en EE.UU. sería que “el Congreso proclamara una ley federal que proteja los derechos abortivos, que políticamente se contrapusiera a lo que dice el Supremo”, apuntó la profesora.
