MINNEAPOLIS, MN. Por Mike Moen
La sesión legislativa de Minnesota concluyo el fin de semana con la prohibición por parte de los legisladores del llamado gerrymandering carcelario. La disposición formaba parte de un proyecto de ley sobre política electoral firmado rápidamente por el Gobernador Tim Walz.
En virtud de estas leyes, los gobiernos estatales y locales estan obligados a contabilizar a las personas encarceladas en sus últimos domicilios a la hora de trazar los nuevos limites politicos despues de cada censo. Los partidarios afirman que esto impide que una comunidad que alberga una presión obtenga una mayor representacion al incluir a estas personas en sus totales de población.
Durante un debate anterior, la demócrata Esther Agbaje dijo que cuando no existen estas protecciones, hay un efecto domino que es negativo.
“Lo que también significa es que las comunidades de origen de los presos han perdido una parte de su poder politico en el estado debido a ese recuento erróneo de la población,” dice Agbaje.
Algunos opositores republicanos argumentaron que las comunidades con prisiones tienen que estirar sus recursos, y los gobiernos locales no deberían perder financiación si los reclusos se contabilizan como residentes en otros lugares. Pero los partidarios de estos cambios en la ley dicen que esto se esta convirtiendo cada vez mas en una cuestion bipartidista, con estados conservadores como Montana implementando prohibiciones similares.
Organizaciones como la Iniciativa de Política Penitenciaria afirman que el movimiento refleja la necesidad de corregir un antiguo defecto de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Agbaje hizo eco de estas ideas.
“Aunque la Oficina del Censo aun no ha decidido actuar, Minnesota puede utilizar su poder para reasignar los datos procedentes del Censo cada diez anos para garantizar un conteo mas preciso,” explica Agbaje.
Cuando una persona encarcelada tiene su ultimo domicilio fuera de Minnesota, o no tiene domicilio alguno, queda excluida del recuento de distritos, pero se añade al total de la población estatal.
Casi 20 estados han prohibido o restringido el gerrymandering carcelario. Muchos gobiernos locales de todo el país han adoptado prohibiciones como parte de su redistribución de distritos.
