MINNEAPOLIS, MN. Por Héctor Benítez Cañas
El tema de la inmigración ha marcado las campañas políticas en la última década, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y Europa. Por un lado, algunos políticos han condenado todo tipo de migración, argumentando que sus nacionales son desplazados. Por otro, la emigración ilegal ha sido responsabilizada de los problemas del país. En contraste, otros aplauden la legal, ya que aporta diversidad y profesionales de calidad.
Aunque, en Estados Unidos, ambos partidos coinciden en la necesidad de controlarla, la postura del Partido Republicano ha sido promover “deportaciones masivas”. De hecho, en la Convención Nacional Republicana se habló de la mayor operación de deportación en la historia de EEUU.
Ahora bien, ¿quiénes podrían ser objetos de deportaciones masivas y cómo afectarían estas medidas a los inmigrantes legales o a la espera de un trámite? La realidad es que las deportaciones siempre han existido, y no es un proceso que se atribuya solo a una administración. Sin embargo, son diferentes las prioridades.
Por ejemplo, el presidente Donald Trump abandonó el marco de Obama y priorizó la deportación de todos los indocumentados, sin distinciones específicas. Emitió una orden ejecutiva que incluía a aquellos con delitos menores, pero también sin antecedentes criminales.
Por otro lado, el presidente Joe Biden ha buscado volver a un marco similar al de Obama, priorizando amenazas a la seguridad nacional, fronteriza y pública. Esto incluye a individuos involucrados en terrorismo, espionaje, actividad criminal organizada, y aquellos con condenas por delitos graves. La administración también ha enfatizado nuevamente el uso de la discreción procesal para considerar factores mitigantes y lazos comunitarios en los casos individuales.
Sin embargo, es crucial comprender que quienes entraron legalmente al país no están exentos de riesgo si no prestan atención a sus casos migratorios.
Por ejemplo, las personas que, aunque entraron legalmente, han sido referidos a corte inmigración, podrían recibir una orden de deportación en ausencia si no asisten a sus audiencias. Además, aplicaciones frívolas o sin mérito ante el servicio de migración pueden exponer a sus solicitantes a un proceso de remoción en corte, pasando de no ser una prioridad de deportación a serlo.
Asimismo, el hecho de tener hijos nacidos en Estados Unidos o propiedades no garantiza que una persona esté exenta de ser deportada. Aunque son factores que pueden presentarse a favor del inmigrante, no son suficientes por sí solos para evitar la deportación si hay otras circunstancias desfavorables.
Otro punto crucial es el peligro de recurrir a “preparadores de formas” o notarios no autorizados para manejar casos migratorios. Estos individuos, a menudo carecen del conocimiento legal adecuado y pueden cometer errores graves que resulten en acusaciones de fraude migratorio.
Independientemente de quién sea el presidente electo en noviembre, los mecanismos para dar cumplimiento a las leyes migratorias ya existen, y ambos partidos han enfatizado su postura para hacer cumplir las leyes, incluyendo las deportaciones. Por lo tanto, es fundamental que quienes no han obtenido una residencia legal permanente consulten a un abogado de inmigración para analizar su situación jurídica y determinar la mejor opción para alcanzarla.
(Con la colaboración de Khyrsi Prosperi-Quintana, law clerk)
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/
