SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se unió a una coalición de 22 fiscales generales para apoyar la norma de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que ayuda a prevenir el tráfico ilegal de armas al exigir que los vendedores privados de armas obtengan una licencia y realicen verificaciones de antecedentes de los compradores potenciales. La coalición multiestatal presentó un escrito amicus curiae en Texas v. ATF argumentando que la norma de la ATF es necesaria para proteger la seguridad pública y evitar que los abusadores domésticos y otras personas peligrosas obtengan armas ilegalmente.
“Mi misión es ayudar a los habitantes de Minnesota a vivir con dignidad, seguridad y respeto, y el tráfico de armas es una amenaza para la seguridad de todos”, dijo el Fiscal General Ellison. “Si es necesario pasar una verificación de antecedentes para comprar un arma en una tienda, también debería ser necesario pasar una verificación de antecedentes para comprar un arma a un vendedor privado. Esta es una regla de sentido común que la gran mayoría de los habitantes de Minnesota y de los estadounidenses apoyan. Salvará vidas al reducir el tráfico de armas y mantener las armas fuera del alcance de personas peligrosas”.
Después del tiroteo masivo en el supermercado Tops en Buffalo, Nueva York, y el tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, el Congreso promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras (BSCA, por sus siglas en inglés), que cerró ciertas lagunas legales que permitían a los traficantes de armas y a los delincuentes obtener armas sin pasar por verificaciones de antecedentes. En particular, la ley amplió la definición de vendedores de armas para incluir a otros vendedores privados, haciéndolos sujetos a requisitos federales de licencia y verificación de antecedentes.
Desde un tiroteo masivo en un bar en St. Paul, Minnesota, que dejó un muerto y 14 personas heridas, hasta el asesinato de un oficial de policía de Chicago, pasando por un tiroteo masivo en una fiesta callejera en Brooklyn que dejó 8 personas heridas, las armas traficadas se han utilizado para llevar a cabo una violencia catastrófica en las comunidades estadounidenses.
El Fiscal General Ellison y la coalición sostienen que las ventas de armas sin licencia por parte de vendedores privados facilitan que las personas que no pueden comprar armas de fuego legalmente las obtengan, poniendo en peligro a las comunidades y alimentando la violencia armada. La norma de la ATF tiene por objeto dificultar que las personas peligrosas obtengan armas ilegalmente. La coalición señala que la norma de la ATF frenará el tráfico de armas y protegerá la seguridad pública.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación de este escrito amicus curiae se encuentran la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Campbell, quienes lideraron la coalición, y los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, y el Distrito de Columbia.
