MINNEAPOLIS, MN
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, anunció hoy que se ha actualizado la política del Departamento de Policía de Minneapolis relacionada con la Autoridad policial en asuntos de inmigración. La política se ha aplicado en el MPD durante más de 20 años y establece claramente que el MPD no participará en la aplicación de la ley federal de inmigración.
El jefe O’Hara dijo que la actualización de la política está diseñada para ofrecer una orientación clara a los oficiales durante un momento en el que las preocupaciones de la comunidad son particularmente prominentes. La política actualizada incluye un lenguaje revisado, agrega una sección sobre la certificación de visas U/T del MPD y brinda ejemplos de formularios de identificación aceptables, como tarjetas de identificación emitidas por gobiernos extranjeros, tarjetas de identificación consulares y tarjetas de identificación nacionales.
“Reconozco que el miedo a la deportación impide que algunas personas llamen a la policía en momentos de necesidad o para denunciar un delito”, dijo el jefe O’Hara.
“Quiero dejar en claro que la aplicación de las leyes de inmigración civil recae exclusivamente en el gobierno federal; no es tarea del MPD. Cualquier participación en la aplicación de las leyes de inmigración tendría un efecto paralizante en nuestro compromiso con una policía libre de prejuicios y orientada a la comunidad. También quiero dejar en claro que el MPD seguirá abordando cualquier comportamiento delictivo que amenace la seguridad o el bienestar de los demás, independientemente del estatus migratorio”.
La política actualizada establece explícitamente que el MPD no opera sus programas con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
También prohíbe a los oficiales interrogar a cualquier persona sobre su estatus migratorio.
Esta política se alinea con la Ordenanza de Minneapolis § 19.30 que prohíbe emprender “cualquier acción de aplicación de la ley con el propósito de detectar la presencia de personas indocumentadas o verificar el estatus migratorio”, con la estrecha excepción de hacer cumplir las leyes penales relacionadas con la trata y el contrabando de personas donde el estatus migratorio es un elemento del delito.
