SAINT PAUL, MN
Luego de una larga y continua disputa entre grupos, y en particular entre legisladores republicanos y el gobernador del estado, demócrata, se ha llegado al momento de definición: se ha declarado una abierta guerra entre los propios legisladores, y el mismo gobernador.
Hoy, la situación se distorsiona más cuando legisladores republicanos han anunciado que contratarán a un abogado externo, a fin de que los represente en la disputa que ha de venir contra los derechos constitucionales que, a su parecer, han sido violados por Mark Dayton, al firmar parcialmente las iniciativas de ley que se le han presentado.
La reacción de los legisladores es consecuencia de la decisión del gobernador de vetar el presupuesto operativo propuesto por los primeros, a fin de que se abra de nueva cuenta la discusión sobre lo propuesto en torno a impuestos, políticas educativas e inmigración. Reacciones diversas ha generado esta reacción, en tanto que ha causado una generalizada sorpresa a partir de que se habían logrado importantes acuerdos entre el gobernador y los legisladores republicanos. Ahora, el panorama se enturbia, a la luz de lo que podría llevar meses a fin de que quede resuelto legalmente.
En el centro de la disputa, ahora legal, se encuentra la contradicción en argumentos que sostienen, por un lado, que el gobernador tiene todo el derecho constitucional de establecer diversas líneas en el ejercicio de veto, dedicado incluso a partes de una propuesta de ley, en tanto que los republicanos sostienen que el gobernador ha violado la premisa constitucional de separación de poderes, actuando unilateralmente.
Así, el congreso controlado por la mayoría republicana parece demandar que su voz no sea borrada de las leyes que entrarán en vigor, tal y como acusan a Dayton de haberlo hecho, y por tanto actuado de forma unilateral e impositiva.
Lo cierto es que, por vez única acaso, el gobernador ha actuado fuera de lo que tradicionalmente parece ser un acuerdo en tanto hay negociaciones y puntos de coincidencia, a fin de llegar a buen puerto en materia legislativa. Expertos en la materia sostienen que el asunto se ha tornado un tanto delicado, llevando al límite la discusión sobre las capacidades de cada órgano de gobierno, y abriendo la puerta a una crisis constitucional.
Dentro de la discusión se encuentra, notablemente, la decisión del gobernador por evitar la inclusión de un discurso anti–inmigrante, al limitar al estado sobre la capacidad de éste en emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.
Dicho discurso fue incluido, de forma manipuladora, por parte de los legisladores republicanos, a último momento, a fin de forzar la mano del gobernador para la firma de una ley de ingreso y gastos, que permitiría al aparato gubernamental mantenerse activo.
La nueva disputa, llevada al plano legal, llevará tiempo. Acaso el suficiente para que el mismo gobierno se paralice a partir del 1 de julio. Y con ello, de nueva cuenta, miles de personas que no cuentan con documentos se verán afectadas. Ello afecta no sólo a comunidades inmigrantes per se, pero también llega a la incertidumbre sobre la forma de hacer negocios tanto entre inmigrantes como no inmigrantes, y por ello acaso obligue a la movilización, al éxodo masivo, de quienes buscarían una opción para mantener un nivel de vida aceptable y menos riesgoso de lo que sería el panorama en la Minnesota hoy “raptada” por parte de los legisladores, a la vista del gobernador Dayton.
.@GovMarkDayton signs budget bills, but moves to force legislators back to the table https://t.co/bStZpP4clB via @workdaymn #1u #mnleg pic.twitter.com/jcsKrAjYvX
— Minnesota AFL-CIO (@MNAFLCIO) May 31, 2017
