SAINT PAUL, MN
Minnesota se unió ayer a otros tres estados en una demanda contra la administración Trump por la decisión de rescindir DACA, lo que consideran una violación a la constitución.
A la demanda, interpuesta en la Corte de Distrito de Estados Unidos en California, se unieron California, Maine y Maryland, para un total de 19 estados y el Distrito de Columbia.
La demanda sostiene que la anulación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, no solo viola la constitución, sino la ley federal y la promesa que hizo el gobierno a los Dreamers.
DACA protege de la deportación, a los ahora jóvenes, que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran solo unos niños y además les permite trabajar.
La semana pasada, el fiscal general Jeff Sessions dijo que el programa DACA terminará en seis meses, dándole tiempo al Congreso para presentar mejores soluciones en inmigración.
Se estima que hay 800 mil jóvenes registrados en el programa, incluyendo a poco más de 6 mil personas en Minnesota. La gran mayoría de los beneficiarios de DACA están en la escuela y dentro de la fuerza laboral.
La petición afirma que 16 mil Minnesotanos cumplen con los requisitos de elegibilidad de DACA, que son: haber llegado a este país antes de cumplir los 16 años y no tener antecedentes penales graves. Sostiene además, que la decisión de poner fin al programa hará que los conocidos como Dreamers pierdan su estatus de trabajo, seguro de salud y que no puedan continuar con su educación.
El gobierno tampoco a dejado claro si mantendrá su promesa de proteger a los receptores de DACA de la deportación. La demanda, también dice que el gobierno violó las leyes que requieren un profundo análisis del impacto negativo a los pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro y al gobierno, antes de decidir la eliminación gradual del programa.
Por su parte, los líderes de negocios en Minnesota advirtieron que la terminación de la Acción Diferida podría causarle una perdida de 460 billones de dólares al Producto Interno Bruto nacional y cerca de 25 millones de contribuciones al Seguro Social y Medicare.
La Fiscal general de Minnesota Lori Swanson, dijo en un comunicado que los jóvenes bajo el programa “han crecido como niños en los Estados Unidos, han confiado en la ley para obtener una educación, comprar casas, iniciar familias, crecer negocios o unirse a las fuerzas armadas”.
