MINNEAPOLIS, MN
Investigadores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota testificarán ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en la Casa de Representantes el jueves 5 de octubre sobre el problema de desapariciones forzadas en México. Ellos darán a conocer previamente los resultados del testimonio que presentarán ante la Casa de Representantes en una conferencia de prensa en la Universidad de Minnesota, acto que será auspiciado por el Programa de Derechos Humanos, el martes 3 de octubre a las 3:30 pm en Wilkins 215, Humphrey School of Public Affairs.
Más de 30,000 personas han desaparecido en México en la década pasada. El grupo de testigos describirán los hallazgos sobre los patrones de desaparición en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de México.
La Profesora Barbara Frey J.D., Directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y líder del equipo perteneciente a la Universidad de Minnesota trabajando en el Observatorio de Desapariciones en México, hablará sobre los hallazgos del proyecto. Ella estará acompañada por Michael Chamberlin, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., ubicado en Saltillo, Coahuila, México, un activista de derechos humanos ampliamente respetado con 25 años de experiencia en trabajo de campo con organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales en México. Acompañando a Michael Chamberlin está Adriana Moreno de Tijuana, madre de Víctor Adrián Rodríguez Moreno, quien desapareció el 11 de Mayo de 2009 cuando él y dos de sus amigos viajaron a Coahuila a recoger un automóvil. Desde ese día, la madre de Víctor Adrián no ha cesado en su búsqueda, aunque ha contado con muy poca ayuda por parte de las autoridades mexicanas.
Antecedentes de las Desapariciones
El fenómeno de las desapariciones masivas en México, más reconocido internacionalmente por el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron de Ayotzinapa en Iguala, México, en 2014, dio inicio en 2006. Con la intención de acabar con el tráfico de drogas en el país, el gobierno mexicano decretó una serie de políticas que conllevaron a una creciente militarización de lo que se terminó denominando la “guerra contra las drogas”. Estas políticas, en conjunto con la corrupción y la impunidad, finalmente llevaron también a un incremento de las violaciones de derechos humanos en muchos de los estados mexicanos, incluyendo un patrón de desapariciones forzadas –crímenes en los que las personas son secretamente sustraídas de su entorno con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un agente estatal, seguido por el rechazo del reconocimiento de su paradero.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales en México han intentado negar la causa de violencia en el país, proponiendo que hayan nexos criminales entre las víctimas y los perpetradores.
La omisión del gobierno de investigar y juzgar estos casos ha conllevado a una generalizada y sistemática impunidad, así como a una falta de atención a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas.
En contraste con la narrativa gubernamental mexicana, los análisis de los datos preliminares revelan que en la mitad de las desapariciones en las que se cuentan con información se advierte la participación de por lo menos una autoridad gubernamental y, además, que más del 91% de las personas desaparecidas no tienen ninguna conexión con el crimen organizado. El Observatorio lleva a cabo investigación de estado por estado y, hasta la fecha, se ha enfocado, en los estados fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de revisar expedientes, los estudiantes han entrevistado a periodistas, familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos para ayudar a explicar el patrón de violaciones.
El grupo que testificará ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, incluyendo Frey, Chamberlin y Moreno, planean utilizar los hallazgos del Observatorio para presionar a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que se pronuncien y condenen aquellas desapariciones en las que están involucrados agentes estatales en México, compartan buenas prácticas para la investigación para la prevención, e incremente la concientización sobre el tema por parte de la población. La finalidad de los investigadores es abordar los intereses y derechos de las víctimas en vista de la generalizada impunidad por violaciones a derechos humanos.
