MINNEAPOLIS, MN
Fueron cinco días en los que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) capturó a 212 inmigrantes indocumentados, al acudir a 122 negocios en el sur de California, según reconocieron autoridades federales el pasado viernes. Esto siguió a una acción similar desarrollada a fines del mes de enero, donde el objetivo se centró en 77 negocios en el norte del mismo estado. Esto también es consecuencia de que el estado haya pasado la ley Santuario, que coloca a todo el estado como entidad en el que los inmigrantes indocumentados no serán acosados ni perseguidos por autoridades locales.
Para muchos, la respuesta del gobierno federal, bajo el mando de Donald Trump, se centró en identificar los lugares de trabajo de inmigrantes indocumentados, a fin de dirigir a agentes del ICE en busca de los mismos. Una acción en respuesta a una nueva medida adoptada por el liberal estado de California, y que se rehúsa a seguir los dictados del presidente.
A la par de la ley que limita la colaboración local con entidades de aplicación de la ley federales, en el estado se aprobó otra ley que impide a los empleadores el otorgar información sobre sus empleados en forma voluntaria, estableciendo que quienes violen dicho mandato legal, podrían enfrentar multas de hasta $10,000 dólares.
Así, pareciera que se abriese un campo de batalla entre el estado de California y el gobierno federal, en donde los propios empleadores se ven en la necesidad de obedecer una orden de inspección federal, ya que en caso contrario podría convertirse en una querella criminal en su contra. Así, por un lado, los dueños de negocios se ven entre dos mandatos contrapuestos, y los empleados se ven vulnerables ante el arribo de agentes migratorios.
El ICE indicó que, como resultado de los operativos señalados, se logró la detención de 212 personas por violaciones a las leyes migratorias, luego de enviar anuncios de inspección a 122 negocios al sur de California. También, las autoridades migratorias declararon que el 88 por ciento de los detenidos, eran criminales convictos, entre quienes se cuenta a aquellos que lo habían sido debido a la comisión de crímenes serios o violentos, tales como abuso sexual de menores, cargos por uso de armas y asalto.
Las autoridades reconocieron que las acciones de detención desarrolladas se enfocaron en individuos que suponen una amenaza a la seguridad nacional, pública y fronteriza. Indicaron también que no se exentaría a ninguna clase o categoría de inmigrantes de la posibilidad de que se ejerza acción legal en su contra, con base a violaciones a las leyes migratorias. Por ello, cualquier inmigrante, sin importar su condición legal, sería sujeto de arresto por inmigración, detención, y, en caso de ser encontrado bajo la categoría de “removible,” sería expulsado del país.
Como parte de lo comunicado por el ICE, se pidió que no cunda el pánico entre los habitantes del estado de California, pues sus acciones han sido justificadas bajo la premisa de proteger los vecindarios del estado, incluyendo hogares, escuelas y lugares de trabajo. El alcalde de los Ángeles, Eric Garcetti, dijo, por su parte, que la administración federal debiera poner su atención en la gente que ha cometido serios crímenes o que en realidad se han convertido en peligros para la seguridad nacional, en lugar de separar y romper familias de gente que trabaja duro.
