MINNEAPOLIS, MN.
Los residentes del condado de Hennepin que luchan contra sus deportaciones están en a la espera para obtener ayuda financiera del condado.
Una Junta del Condado dividida respaldó un fondo de defensa legal de $ 250,000 en diciembre, convirtiendo al Condado de Hennepin en una de las primeras jurisdicciones del medio oeste entre una lista cada vez mayor de ciudades y condados que empezaron a reducir los costos del tribunal de inmigración a medida que la administración Trump aumentaba la aplicación.
Ahora el condado está resolviendo los detalles del controvertido proyecto piloto, mientras que otras jurisdicciones locales observan detenidamente y ponderan iniciativas similares.
Para reforzar su propia inversión con dinero privados, Hennepin está considerando unirse a una red nacional liderada por una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, que hace un llamado a las ciudades y condados para que los fondos se abran a todos los residentes afectados, independientemente de sus antecedentes penales.
“No estoy aquí para decir: ‘Debes ser capaz de eludir la ley'”, dijo la comisionada del condado de Hennepin, Marion Greene, quien encabezó el nuevo fondo. “Esto se trata del debido proceso y la representación justa”.
Críticos como Jeff Johnson, comisionado del condado de Hennepin y candidato republicano a la gobernación, se oponen al uso de dinero de los contribuyentes en nombre de los residentes que han violado las leyes de inmigración del país, en particular los que tienen condenas penales.
En Hennepin, grupos de defensa de inmigrantes como Isaiah y el Comité de Acción de Derechos de Inmigrantes de Minnesota, así como proveedores legales sin fines de lucro como el Immigrant Law Center de Minnesota, comenzaron a presionar para obtener el fondo el año pasado debido a que los arrestos locales de inmigración se dispararon bajo la administración Trump.
Los activistas han criticado a la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin por alertar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre reclusos nacidos fuera de Estados Unidos y que salían de la cárcel.
Se estima que 35,000 personas viven en el condado de Hennepin sin estado legal. Debido a un pro bono de inmigración local activa, un porcentaje relativamente alto de residentes de Hennepin en procedimientos de deportación tienen un abogado, aproximadamente dos tercios, o más del doble del promedio nacional, según Transactional Records Access Clearinghouse.
En diciembre, los comisionados de Hennepin votaron 4-3 para aprobar la enmienda del presupuesto de Greene, apartando $ 250,000 para servicios legales gratuitos para inmigrantes de bajos ingresos, con una prioridad para aquellos bajo custodia de ICE después de salir de la cárcel del condado. La junta también asignó $ 25,000 para materiales para informar a los reclusos del condado sobre sus derechos.
Otras jurisdicciones de Minnesota están vigilando a Hennepin. En el condado de Ramsey, el comisionado Jim McDonough dijo que él y algunos de sus colegas están abiertos a la idea de un fondo similar en el presupuesto 2020-2021 del condado.
“Vemos a más personas detenidas y deportadas”, dijo. “Vemos el miedo y la ansiedad en la comunidad”.
Pero él dijo que tenían preguntas. Dado el presupuesto más limitado de Ramsey, una inversión en prevención, como los esfuerzos para informar a los residentes de sus derechos y alentarlos a solicitar la ciudadanía, tiene más sentido que un programa de defensa legal, dado el largo y costoso proceso de la corte de inmigración.
El año pasado y de nuevo en su presupuesto de 2018, Minneapolis aprobó $ 75,000 para una gama de servicios para inmigrantes, que incluyen presentaciones de conocimiento de sus derechos y capacitación para voluntarios para el personal de una línea directa de detención de inmigrantes.
