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OTRO JUEZ FEDERAL ORDENA CONTINUACION DE DACA

Juez da 90 días a la administración actual para justificar cancelación del dream Act. Fotografía por agencia EFE/Alba Vigaray

MINNEAPOLIS, MN

Un tercer juez federal ha dictaminado en contra de la decisión de la administración Trump para cancelar un programa de protección de la era Obama jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a los EE.UU. cuando eran niños.

La decisión, emitida el martes por la noche por el juez de distrito John Bates, es de cierto modo la decision mas contundente y amplia contra de la decisión de la administración para finalizar el programa DACA, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Esto se debe a que el fallo del juez Bates’ obliga al gobierno a aceptar nuevas aplicaciones, así como las solicitudes de renovación de los beneficios del DACA.

Las resoluciones anteriores requieren solamente la aceptación de solicitudes de renovación del DACA y no de nuevos aplicantes.

El juez, sin embargo, pospuso para el efecto de su sentencia, dando 90 días a la administración  como“una oportunidad para explicar mejor su decisión de cancelar el programa”, que el presidente Barack Obama inició en 2012.

Organizaciones locales de apoyo a estudiantes indocumentados en Minnesota han recomendado a los jóvenes el ser cautelosos y esperar el periodo de 90 días emitido por el juez para asegurar los pasos a seguir en cuanto a aplicaciones nuevas.  Además de ello, recomiendan mostrar cautela por potenciales abusos por parte de abogados y asesores que podrían aprovechar el entusiasmo de este comunicado en DACA para tomar ventaja de personas mal o no informadas. 

Así, el Juez Bates dijo que la cancelación de DACA fue “arbitraria y caprichosa” porque la administración no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal.

El programa DACA ha proporcionado protección contra la deportación y el derecho a trabajar legalmente a cerca de 800.000 personas jóvenes desde que fue autorizado por el presidente Barack Obama en 2012.

Varios estados, organizaciones e individuos han presentado demandas que tratan de proteger a los receptores DACA.

 



 


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