SAINT PAUL, MN
Las expectativas sobre el decreto o la acción ejecutiva del presidente Obama el mes pasado no se hicieron esperar. Al final de una larguísima espera y múltiples tiras y encoges con el Partido Republicano durante seis años en su administración, sus directrices sobre la tan ansiada reforma migratoria se limitaron a lo siguiente, tal y como ya lo habían anticipado algunos medios escritos los días que precedieron:
a) La acción ejecutiva autorizará la estadía temporal a los padres de familia con hijos nacidos en los Estados Unidos o que son residentes permanentes. Los padres tendrán que haber vivido en el país por más de cinco años.
b) Alrededor de cinco millones de los ahora indocumentados podrán solicitar permisos temporales de trabajo.
c) La extensión del DACA y la flexibilización de los requisitos para que otros jóvenes obtengan la acción diferida. Sin embargo, esta extensión no va a beneficiar a los padres indocumentados de estos estudiantes.
d) El énfasis sobre el número de visas de trabajo fue puesto en trabajadores del sector de la alta tecnología, además de modificar criterios de detención y fortalecer medidas de seguridad en la frontera. No existe alguna provisión explícita sobre los trabajadores agrícolas y la posibilidad de otorgarles visa de trabajo hasta por cinco años. Sin embargo, se estima que la medida puede ayudar a unos 250,000 trabajadores del campo.
Después del estrepitoso fracaso de los Demócratas durante las elecciones de medio término y la falta de apoyo del electorado hispano que se anticipa en las elecciones del 2016, Obama por fin decidió darle la espalda a su teoría de búsqueda de consensos con el partido opositor para crear una ley más integral como la adoptada en 2013 en el Senado y, que como sabemos, no contó con el apoyo de la Casa de Representantes debido al incesante bloqueo de líderes del Partido Republicano.
Como tomaría aproximadamente treinta años deportar a los poco más de once millones de inmigrantes indocumentados estimados en el país (si se mantuviera el promedio de 400,000 al año desde que tomó posesión Obama), pareciera que existe consenso entre algunos políticos sobre la necesidad de otras medidas menos punitivas y más proactivas, aunque todavía inciertas.
Es claro que el Presidente optó por una salida intermedia que presupone un cálculo político más que una decisión de política pública de largo alcance puesto que una vez que venza el plazo de su mandato a finales del 2016, no se sabe con claridad si la próxima administración eliminará, mantendrá la disposición o la ampliará. En la propuesta de 2013, se estimaba que más inmigrantes serian beneficiados y que habría un camino hacia la ciudadanía. Lo único que parece inalterado con relación a la propuesta original, es la exigencia del gobierno de que los solicitantes se registren, presenten antecedentes penales y paguen impuestos retrasados. Algunos se han pronunciado negativamente con relación a esta triple exigencia por onerosa e intrusiva, pero vale aclarar que cualquier persona que ha pasado por similares regularizaciones de visa para convertirse en residente permanente, sabe que los trámites burocráticos migratorios son a la vez engorrosos y nunca gratis.
En el estado de Minnesota, se calcula que la medida podría ayudar a aproximadamente a 30,000 inmigrantes, siendo seguramente la mayoría de ellos de origen mexicano. Ahora bien, ¿Qué representa esta acción ejecutiva para los inmigrantes Guatemaltecos y Centroamericanos?
1. De los cuatro o cinco millones de indocumentados que podrían beneficiarse con una estadía temporal, la cuota de aquellos provenientes del Triangulo del Norte Centroamericano no sobrepasa el medio millón. Datos presentados por el Pew Research Center en su reporte “Cómo impactará la orden ejecutiva a los inmigrantes por país de nacimiento” indican que el porcentaje de guatemaltecos beneficiados por esta nueva disposición es del 31 por ciento, o sea 194,250 inmigrantes mientras que los salvadoreños y los hondureños representan 20 por ciento (135,000 y 70,000 personas respectivamente). Es importante mencionar que estos porcentajes son mayores para El Salvador y Honduras cuando se incluye a los jóvenes susceptibles de ser beneficiados con el DACA (63 y 49 por ciento, respectivamente). El porcentaje es menor para los guatemaltecos: 37 por ciento.
2. Los gobiernos de la región deberán informar apropiadamente a sus respectivas poblaciones que la orden ejecutiva no aplicará a aquellos que estén pensando en hacer maletas ahora, para evitar así otro éxodo y crisis humanitaria como la evidenciada el verano pasado con los menores no acompañados. El presidente fue muy tajante al indicar que cualquiera que intente cruzar la frontera de forma ilegal será deportado inmediatamente.
3. Y finalmente, y esta es quizás la recomendación más importante, esta acción ejecutiva no es un pretexto ni un disuasivo para que los gobiernos de estos países sigan desentendiéndose de proveer oportunidades socioeconómicas inmediatas y a largo plazo para sus poblaciones más vulnerables.
Para muchos, sobre todo los perdedores, este decreto deja mucho que desear. Es una medida fragmentada: ni comprensiva ni abarcadora. Pienso en las personas solteras, aquellos que no son padres de familia o quienes acaban de llegar al país. Para los más aventajados en estos requisitos, supone un gran alivio y quizás una luz al final del túnel para integrarse sin miedo al tejido socioeconómico en sus comunidades. Lo que es cierto es que la lucha por la reforma migratoria real, apenas acaba de iniciar.
