SAINT PAUL, MN
Como si se tratara de ese perro agazapado que espera a la vuelta de la esquina para morder, así se han implementado una serie de cambios significativos en las formas y el fondo de algunas regulaciones de migración en los Estados Unidos. Así, mientras la mayoría de la opinión pública se enfoca, con sobrada razón, en las condiciones bajo las cuales se encuentran millones de inmigrantes indocumentados, quienes se encuentran en el país en forma plenamente documentada, verán cambios significativos al solicitar extensiones, cambios o nuevas visas de estudio, de trabajo o incluso de residencia permanente en el país.
Por un lado, el Departamento de Justicia y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (UCSIS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron apenas el pasado 11 de mayo que ampliarían las vías de colaboración entre ambas agencias, a fin de “detectar y eliminar mejor el fraude, abuso y discriminación” que ejerzan algunos empleadores que traen trabajadores extranjeros al país. Bajo lo estipulado en un acuerdo de entendimiento, firmado por ambas agencias gubernamentales, ambas optimizarán la información que ya comparten, para mejorar las formas de colaboración y entrenamiento a investigadores en ambos lados.
Con esto, y a criterio de cualquiera de las dos agencias, se aplicarán medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar, a empleadores que pudieran “estar discriminando contra trabajadores estadounidenses y/o violando nuestras leyes de inmigración.” Esta forma de colaboración se implementó en el 2010, pero hoy busca responder a la demanda del presidente del país, para hacer más eficiente el proceso. El objetivo principal es que los empleadores en Estados Unidos “compren productos estadounidenses y contraten estadounidenses,” como se ha estipulado en una acción ejecutiva firmada por Donald Trump.
Mediante la aplicación de multas que podrían llegar a $200,000 dólares, quienes hoy emplean trabajadores extranjeros, limitarán sus peticiones de visas H (1B y 2B), que incluye a trabajadores especializados, incluso en centros de investigación y de educación.
Al mismo tiempo, el miso USCIS implementó cambios en la forma en que se calcula la presencia “ilegal” de estudiantes y visitantes de intercambio, no inmigrantes, bajo visas F, J y M, incluidos dependientes de ellos bajo visas I2, J2, o M2. Bajo este nuevo formato de control, se espera que quienes se encuentran bajo alguna de esas visas en el país, lo abandonen una vez finalizado el propósito por el cual habrán recibido la visa. “El mensaje es claro: estos no inmigrantes no pueden permanecer más tiempo del establecido en sus períodos de admisión o violar los términos de admisión y permanecer ilegalmente en EE.UU.” dijo L. Francis Cissna, director de USCIS.
También, a partir del 14 de mayo, el USCIS comenzó a retirar 8,543 tarjetas de residentes permanentes (Green Cards), que se emitieron bajo un error en la producción de las mismas. El problema fue que la fecha en la se establece el inicio de residencia fue incorrecta, y las mismas fueron enviadas entre febrero y abril del 2018. Algunas personas temen que la medida pueda afectar su estatus, o impedirles viajar fuera del país, aun cuando el sitio de internet de USCIS indica que ello no ocurrirá.
Por cuanto a la condición de práctica profesional opcional del que han gozado millones de estudiantes extranjeros bajo elformato de visa F1, se cancelará automáticamente si estos se transfieren a una escuela distinta o comienzan estudios en otros niveles al estipulado en su solicitud de visa. La llamada Capacitación Práctica Opcional (OPT por sus siglas en inglés), será anulada cuando el o la estudiante ingrese como estudiante de nueva cuenta, por lo que se encontrará impedido para trabajar. En el comunicado de prensa presentado por el USCIS se establece que el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP por sus siglas en inglés), empleará sistemas actualizados para informar al USCIS en forma más expedita, y así poder contar con información al día. Con esto, se ejercerá un mayor control sobre estudiantes que laboren con Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), no actualizados.