San Diego (CA), 16 oct (EFEUSA).-
El juez federal Dana Sabraw dijo hoy que “pronto” estarán localizados los padres deportados tras haber sido escindidos de sus hijos en la frontera, para que hagan saber al Gobierno si pedirán la repatriación del menor o si renunciarán a dicho derecho.
Sabraw, quien preside las tres demandas colectivas entabladas en nombre tanto de los padres como de los niños separados en la frontera, anticipó que una vez que se conozcan los intereses de todos los afectados se procederá a monitorear el proceso para garantizar que éstos se cumplan a la mayor brevedad.
Scott Stewart, abogado por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), señaló por su parte que el proceso ha sido positivo y coincidió en que se pueda localizar a todos los integrantes de la demanda colectiva, en su mayoría repatriados a Honduras, Guatemala y El Salvador.
De los cientos de padres que fueron afectados por esta situación, aún se desconoce el paradero de cinco, aunque los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que los representan, dijeron tener confianza en que serán encontrados, según se dio a conocer en una audiencia realizada en la corte de San Diego, California.
Todavía, unos 15 padres no han notificado a las autoridades si pedirán el traslado de su hijo al país donde se encuentran o si renunciarán a su derecho de reunificación, para que los menores puedan permanecer con un familiar o pelear su caso de asilo en Estados Unidos.
La Administración de Donald Trump ha reunificado con sus padres a 2.363 de los 2.654 niños de los que tomó custodia en la frontera. Del grupo restante, unos 175 menores no regresarán con sus padres ya que éstos han renunciado a dicha opción, según se detalla en un reporte presentado por el Gobierno.
Recientemente, el juez Sabraw aprobó de forma preliminar un acuerdo alcanzado entre la Administración y la ACLU que resolvería las tres demandas colectivas a nombre de inmigrantes a cambio de que se les reconsideren sus solicitudes de asilo político.
Sin embargo, tanto la ACLU como otros grupos legales que representan a este grupo de familias, insistieron hoy en que se implemente dicho plan de forma inmediata y no se deba esperar a la aprobación final, contemplada para mediados de noviembre.
Abogados señalaron que cerca de 60 inmigrantes recluidos en un centro de detención ya están listos para recibir la orientación necesaria para su entrevista con agentes migratorios, por lo que se debería proceder a ello.
Los abogados del Gobierno federal mantuvieron su oposición a la propuesta, citando preocupaciones “legales, prácticas y equitativas”, al acelerar un plan que se había contemplado iniciaría el próximo mes.
Aún así, insistieron en que ya se ha iniciado con el proceso “en la medida apropiada” y que están listos para trabajar con los demandantes para su implementación.
Sabraw insistió en más de una ocasión en que no anticipa ninguna objeción al acuerdo, por lo que no ve inusual que se adelante el proceso, ante la insistencia del Gobierno de respetar el plazo inicial para el denominado “acuerdo voluntario”.
Si bien el juez no tomó una decisión, adelantó que emitirá una orden “cuanto antes”, que será “concisa y directa al grano”.
Contrario a la primera fase del litigio, cuando se solicitó al Gobierno presentar un informe cada semana seguido con una audiencia en la corte federal, Sabraw instó a que éstos se publiquen cada quince días.
Alberga la esperanza de que en el próximo informe se tenga notificación de todos los padres que fueron deportados sin sus hijos.
En agosto último, el juez Dana Sabraw decidió mantener el freno temporal a las deportaciones de familias inmigrantes reunificadas, con el fin de dar oportunidad a que los menores también puedan presentar peticiones de asilo.
