MANKATO, MN
El Sindicato de Libertades Civiles Americanas de Minnesota (ACLU) está demandando al Condado de Nobles y a su sheriff, Kent Wilkening por abuso de autoridad al detener ilegalmente a personas sospechosas de violar la ley de inmigración.
Tanto el condado como Wilkening negaron la acusación y aseguran que simplemente están cumpliendo con un contrato de detención a largo plazo que tienen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El abogado de Wilkening, dijo en una declaración que “este caso es idéntico a una serie de casos presentados por la ACLU en todo el país para que los tribunales de distrito obliguen a los condado a convertirse en condados santuarios, en lugar de permitir que los gobiernos locales y sus ciudadanos tomen esas decisiones por si mismos … El condado no está haciendo arrestos en nombre de ICE.”
El Condado de Nobles, que se encuentra a 175 millas de las Ciudades Gemelas se ha convertido en un imán económico para inmigrantes que buscan trabajo en la industria agrícola y de la carne que dominan la región. Alrededor de 21 mil personas viven en ese condado y de acuerdo al censo, una de cada cinco nació fuera de los Estados Unidos.
El contrato que el Condado de Nobles contrajo con el ICE hace 16 años, es un Acuerdo de Servicios Intergubernamentales, bajo el cual la agencia paga al condado 89.69 dólares por cada persona que ponen bajo custodia federal o lo que comúnmente se conoce como una “detención de ICE.”
De acuerdo a los archivos de la cárcel del Condado de Nobles, los primeros tres meses de este año se detuvieron a 269 personas para el ICE. Lo que representa 772 mil 581 dólares de ingresos para el condado desde enero de 2017.
Al respecto, Wilkening dijo en documentos judiciales que la “cooperación con ICE es fundamental para proteger a los ciudadanos del Condado de Nobles de actividades ilegales por parte de extranjeros.”
El condado también dice que su cooperación con las solicitudes de detención de ICE no viola la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros o incautaciones poco razonables o constituciones estatales.
La ACLU, mientras tanto sostiene que los funcionarios estatales no pueden hacer cumplir las leyes federales de inmigración, de acuerdo al fallo que emitió la Suprema Corte del país en 2012.
