San Diego, 6 feb (EFEUSA).-
El Gobierno tiene pendiente aun de reunir con sus padres a casi un centenar de menores indocumentados que fueron separados de sus familias en la frontera sur, según un informe presentado hoy en una corte federal de San Diego.
En cumplimiento con un mandato judicial emitido a finales de junio del año pasado, la Administración de Donald Trump ha reunificado con sus padres a 2.723 de una cifra de 2.816 niños que fueron afectados por la política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular, la cual motivó la separación de familias en la frontera sur.
Del grupo de niños que aún continúa bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), unos 44 son de padres que tras haber sido deportados han informado a las autoridades estadounidenses que renuncian a su derecho de reunificación, por lo que el menor será entregado a algún familiar o tutor.
En el escrito judicial, las autoridades estadounidenses determinaron que 16 menores no fueron separados de sus padres por parte de agentes migratorios, que 21 de ellos son de progenitores que han sido catalogados como un riesgo, y en seis casos el padre se encuentra en Estados Unidos pero ha informado que no buscará la reunificación.
En otros seis casos, el Gobierno determinó que el padre no es elegible para reunificación o el menor “no está disponible” para abandonar el albergue en el que se encuentra, según consta en el informe.
El escrito de hoy, el primero que se entrega a la corte desde el cierre parcial de la Administración federal que duró más de 30 días y empezó diciembre pasado, es consecuencia de una demanda entablada el año pasado contra el Gobierno por la separación de familias en la frontera sur.
Los abogados que representan a las familias migrantes afectadas habían expresado su preocupación por otras separaciones que se ejecutaron luego de la orden judicial.
En el reporte de hoy, el Gobierno reconoce que había planes de reunirse con su contraparte para evaluar el tema pero se aplazaron debido al cierre administrativo.
La defensa había señalado también durante el proceso que la administración federal no contaba con un plan para una eventual reunificación de las familias.
Abogados del Departamento de Justicia (DOJ) indicaron que se ha puesto en marcha nuevas medidas en estos casos, incluyendo “monitoreo e intercambio de información entre las agencias”, y que se buscará que dichos datos sean más accesibles para todas las partes involucradas.
Por su parte, el equipo legal que representa a los inmigrantes, entre los que se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), coincide en el informe en que se buscará reanudar dichas negociaciones.
En el informe de hoy no se hizo mención a los menores que fueron separados de sus padres antes del mandato de la corte, y que no están incluidos en los números oficiales, tal como se desprende de un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales, difundido el pasado mes.
Dicha oficina calcula que “miles de niños separados” de sus familias han quedado bajo custodia de la Administración estadounidense desde 2017, un año antes de que Trump anunciara su “política de tolerancia cero” para los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera.
El Gobierno de Trump ha insinuado que la reunificación de dichos menores podría ser imposible, dado que se carecía de un sistema para rastrearlos.
La ACLU condenó dicha declaración e informó que habrá una audiencia en corte para discutir el tema el próximo 21 de febrero.
