Washington, 22 feb (EFEUSA).-
El presidente, Donald Trump, inició hoy el proceso para excluir de la financiación pública a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos o desvían esos procedimientos a otros especialistas, en un gesto que busca satisfacer a su base electoral más conservadora.
El Departamento de Salud publicó hoy en su web el borrador definitivo de la norma, anunciada el pasado mayo, y que entrará en vigor dentro de 60 días, cuando sea publicada en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos.
Las leyes ya impiden que los abortos sean financiados con fondos públicos; pero la nueva norma establece que los centros de planificación deben tener una “clara separación física y financiera” entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.
La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar del país y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos.
Planned Parenthood se ha convertido en blanco de ataques por parte de grupos contrarios al aborto y que votaron a favor de Trump en las elecciones presidenciales de 2016.
En un comunicado, la organización consideró que esa “clara separación física y financiera” entre servicios sanitarios y de aborto no contribuye a la salud de los pacientes.
Planned Parenthood ha bautizado la norma como “ley mordaza” porque, en la práctica, impedirá al personal de los centros de planificación familiar informar a sus pacientes sobre las distintas opciones que tienen para abortar, una opción que no se subvenciona con fondos públicos.
Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood, dijo en un comunicado que la “ley mordaza es inadmisible y carece de ética” porque impide a los médicos cumplir con el juramento que han hecho para atender a sus pacientes y ayudarles a tomar las mejores decisiones para su salud.
“Mis pacientes esperan que yo hable con ellos honestamente, que responda sus preguntas y los ayude cuando más lo necesitan”, explicó Wen, según el comunicado de la organización.
En términos más amplios, la norma afecta al fondo federal conocido como “Título X”, que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo el país.
Planned Parenthood actualmente se hace cargo del 40 % de los pacientes, es decir, 1,6 millones de mujeres, entre las que figuran 1,3 millones de hispanas, de acuerdo a datos de la fundación.
