SAINT PAUL, MN (EFEUSA).-
Aunque el Gobierno niega que haya una “política” al respecto, la separación de familias en la frontera con México sigue aplicándose a discreción de los agentes migratorios, denuncia la madre de dos niñas que fueron separadas de su tía al ingresar al país, donde ella vive desde hace meses.
La guatemalteca Dolores Jut Cal cruzó por la frontera por Arizona la semana pasada junto a sus dos hijas y a sus dos sobrinas, pero al ser detenidas sus sobrinas quedaron en manos de la Patrulla Fronteriza bajo el argumento de que Dolores no es la madre de las menores, a pesar de poseer la custodia.
“Me siento desesperada; ya no como, no duermo, ya no trabajo, no sé cómo están, desde el jueves no tengo conocimiento de ellas. No sé qué más puedo hacer, soy una madre que sufre terriblemente”, explica a Efe Blanca Alicia Jut Cal, madre de las menores y quien llegó a California hace unos meses.
Jut Cal esperaba reunirse en Estados Unidos con sus dos hijas, Alicia Esperanza, de 3 años, y Yeli Maritza, de 13 años, pero la realidad ha sido diferente, de acuerdo con esta mujer que afirma haber salido de su país huyendo de la violencia.
El hermano de Blanca Alicia, Nicolás Jut Cal, dijo por su parte que recibieron una llamada de un número de teléfono desconocido el pasado lunes, a través del que una mujer no identificada les preguntó si esperaban a alguien.
“Yo tuve temor por la violencia y los secuestros, así que pedí información acerca de la llamada, y la mujer me dijo que si no esperábamos a alguien colgaría el teléfono”, comentó Nicolás.
El guatemalteco agregó que, ante el temor de no volver a saber de sus sobrinas, respondió rápidamente que sí esperaban a las hijas de su hermana. Entonces fue cuando la persona del otro lado de la línea les informó que las menores se encontraban en un refugio en Nueva York.
“Esa persona que nunca se identificó nos empezó a preguntar cuánto ganábamos, cuántos cuartos tiene la casa, cuántas personas vivimos en ella, y nos pidió muchos papeles, que ya les mandamos, pero aún no tenemos respuesta. Ni siquiera nos dejaron hablar con las niñas”, señaló el tío.
Elizabeth Torres, voluntaria de los refugios para migrantes en Phoenix, capital de Arizona, indicó por su parte que la práctica de separación de familias se sigue aplicando bajo discrecionalidad de los agentes.
“Pese a que la tía tenía la custodia y los mismos apellidos, los siguen separando. Luego los mandan a lugares muy lejanos, donde para los padres es casi imposible la comunicación”, indica a Efe.
De acuerdo con la ley, los menores no acompañados quedan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza por hasta 72 horas. Luego pasan al control de la Oficina de Reubicación de Refugiados, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales federal.
Los niños son trasladados a albergues de todo el país, mientras los trabajadores sociales tratan de encontrarles patrocinadores adecuados, que deben ser un progenitor, un tutor legal o un familiar directo.
“En este caso, las menores iban con su tía, que era su tutora. Los agentes le quitaron a sus sobrinas, que lloraban mucho, y ahora resulta que están en Nueva York”, comentó Nicolás, el tío.
“Me pidieron que les mandara unos documentos por fax, que llenara formas. Ya se las mandé tres veces y me dicen que no la reciben, y ni siquiera me dejan hablar con mis hijas. No sé cómo están, dónde están ni con quien están”, enfatizó la madre con voz de desesperación.
Miles de niños migrantes no acompañados han sido trasladados a albergues en varias ciudades estadounidenses. El Gobierno tiene alrededor de 100 centros en 14 estados, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Los padres, que en no pocos casos se encuentran desde tiempo antes en el país, tienen más probabilidades de encontrar a sus hijos a través de abogados o patrocinadores que rastreen su paradero.
En este caso, Blanca Alicia, quien no cuenta con asesoría legal, está a merced de recibir información por parte del refugio donde se encuentran sus hijas, según comentó.
Las medidas de “tolerancia cero” fueron aplicadas desde inicios de 2018, cuando el exfiscal general Jeff Sessions ordenó que todos los inmigrantes que accedieran al país irregularmente por la frontera sur fueran procesados criminalmente, lo que en la práctica suponía encarcelarlos y la consiguiente separación de familias.
En junio de ese año, el presidente Donald Trump se vio obligado a alterar la medida tras la acuciante presión, incluso de su partido, por lo que ahora las familias pueden permanecer juntas en centros de detención de inmigrantes, aunque se mantienen las denuncias de separaciones como las del caso de Blanca Alicia.
Por otro lado, desde 1997 un acuerdo judicial otorga garantías a los menores de edad detenidos luego de intentar ingresar a EE.UU. sin sus padres. Es el llamado acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para tener detenido a un menor.
