Los Ángeles, 1 abr (EFEUSA).-
Organizaciones defensoras de los inmigrantes rechazaron hoy los planes del Gobierno de extender su programa de retorno a México de solicitantes de asilo que entraron por la frontera sur porque, aseguran, se viola así el derecho al debido proceso y pone en riesgo la vida de los inmigrantes.
Las criticas se dieron después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) que expanda el denominado “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP).
Este Protocolo, puesto en práctica a finales de enero con la devolución de un inmigrante hondureño, establece que migrantes que pidan asilo a EE.UU. y no puedan demostrar que su vida corre peligro en México permanecerán en el país vecino mientras se procesa su petición.
El mandato de Nielsen quiere elevar el número de inmigrantes que se están retornando a México cada día.
Kathryn E. Shepherd, abogada consejera de The American Immigration Council, dijo a Efe que “están muy preocupados por la implementación continua de este Protocolo; con esta decisión se está poniendo en peligro a los migrantes que buscan protección en Estados Unidos”.
Shepherd aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta o comentario sobre los reparos de los defensores de los inmigrantes.
Por su parte, el obispo Mark J. Seitz, de la Diócesis Católica de El Paso, Texas, miembro de la junta directiva de Catholic Legal Immigration Network Inc (CLINIC), se unió a las quejas y al malestar producido por los planes del Gobierno.
En un comunicado, el prelado sostuvo que “este conjunto de políticas muestran una falta de respeto por los derechos humanos fundamentales y una comprensión deficiente de las causas de la reciente oleada de refugiados con otra política mal concebida”.
“Este plan representan un nuevo caso de doble discurso del gobierno”, apuntó Seitz y agregó:
“(El Protocolo) está pidiendo a las personas pobres y vulnerables que se queden por un período prolongado de tiempo en las áreas del lado mexicano de la frontera que ellos mismos reconocen que están controladas por pandillas de narcotraficantes”.
Shepherd prevé que el próximo puerto de ingreso en el que se implementará este programa es el de Eagle Pass, en Texas, un puesto fronterizo que limita con la localidad de Piedras Negras, del estado mexicano de Cohaulia.
La abogada subrayó que su organización continúa recopilando informes de los migrantes, incluidas las familias que buscan asilo, sobre el daño extremo y la violencia a los que estuvieron expuestos en México antes de cruzar la frontera.
Del otro lado, Nielsen justificó la orden al asegurar que “no nos quedaremos parados mientras el Congreso fracasa de nuevo a la hora de actuar”.
Mientras, un juez federal del norte de California evalúa una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Legal para la Pobreza Sureña (SPLC) en la que se asegura que el MPP obstaculiza a los migrantes la posibilidad de que obtengan la asesoría legal adecuada.
Esta no es la primera vez que las organizaciones rechazan el MPP. The American Immigration Council, junto a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y CLINIC enviaron una misiva a Nielsen en febrero pasado en la que expusieron sus preocupaciones.
El programa piloto del MPP se inició el pasado 29 de enero en el puesto fronterizo de San Ysidro, California, con un promedio de 20 solicitantes al día regresados.
Luego se extendió a la entrada de Caléxico, California, y recientemente a El Paso, Texas.
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