SAINT PAUL, MN
La corte federal se encuentra resolviendo en el caso que enfrenta a las autoridades estatales y un grupo de delincuentes sexuales convictos. Estos últimos alegan que el estado se ha excedido en el uso de su autoridad, violando sus derechos civiles, al mantenerles detenidos indefinidamente en centros carcelarios, y no ofrecer un tratamiento adecuado, que les permita su completa reincorporación a la sociedad al ser liberados.
El asunto, sin duda, tiene dimensiones que deben tomarse en cuenta al analizar el proceso. Criminales sexuales pueden vivir eternamente con el estigma del delito cometido, y la confianza de las distintas comunidades puede ser nula al desconfiar que quien lo haya hecho, sea capaz de alcanzar una plena recuperación y convertirse en un individuo funcional. En muchos casos, la integración de un criminal sexual identificado al salir de prisión, supone desconfianza y en muchos casos temor. En otras palabras, el liberar a un convicto por crímenes sexuales implica la consideración del hecho en diversas dimensiones y muy distintos contextos.
En un testimonio expresado por Nick Bolte, recluso bajo el cargo de haber cometido crímenes sexuales en la prisión de Moose Lake, se puede sentir un profundo arrepentimiento. “Siento un muchísimo remordimiento por aquellos crímenes que he cometido,” expresó Bolte, quien se encuentra entre los 14 demandantes en la acción de clase legal en contra del estado. “No todo el mundo aquí es el monstro que ellos piensan es aquí… No soy más el muchacho que era cuando fui encerrado hace 13 años.”
El número de quienes se han sumado a la demanda, rebasa a las 700 personas. La mayoría de ellos fueron llevados a prisión con la consigna de recibir un tratamiento especial diseñado para criminales sexuales, una vez hayan cumplido con sus sentencias, lo que es conocido como el “compromiso civil.” Los dos centros penitenciarios que albergan esta clase de criminales son el de Moole Lake y el de Saint Peter, en donde se practica un sistema de readaptación social implementado en la década de 1990, cuando fue diseñado. Recientemente, el programa se ha encontrado bajo el fuego de severas críticas, al ser el número de quienes han cumplido con la sentencia dictada, aún muy reducido.
Sin embargo, de acuerdo al reporte presentado en la Radio Pública de Minnesota, no existe consenso entre legisladores en Minnesota en cómo reparar el sistema a través de la legislación. Ante el hecho de que este caso se encuentra en las cortes federales, hay quien sugiere que el caso mismo sea resuelto dentro de la corte. Al menos ese es el sentir entre legisladores en el capitolio. La legislatura local no tiene la facultad de actuar en torno a la legislación de este crimen y su castigo, hasta que el juez deciida en el caso.
“Si la decisión del juez es anti-constitucional, pediría de inmediato que el Abogado General que apele a una corte superior, y más conservadora, y así mantener el sistema que tenemos en su lugar, hasta que podamos repararlo,” señaló el representante Tony Cornish, republicano por Vernos Center.
El programa tan cuestionado reporta tener a 703 personas bajo prisión hasta el pasado primero de octubre. El costo por día por cliente, asciende a $341 dólares, según reporta el Departamento de Servicios Humanos del estado. En suma, el estado gaste $124,000 dólares al año en el tratamiento de cada criminal. Entre tanto, mientras las unidades de tratamiento criminalista se refieren a las personas ahí detenidas como “clientes”, en muchos de los edificios como el de Moose Lake, se puede percibir más como si se les tratara como prisioneros.
Un problema social que tiene muchísimas aristas, y que sin duda tiene implicaciones que envuelven a la sociedad entera, pues pocos serán quienes, al tener familia, tengan la entera confianza de que estos criminales han alcanzado una completa rehabilitación; antes bien, muchos se sentirán incómodos sabiendo que un ex-criminal venga a vivir al vecindario.
