MINNEAPOLIS, MN
Los centroamericanos “no migran, huyen”, advirtió una delegación de legisladores estatales, activistas y expertos legales que visitó esa región y que urge a fortalecer las protecciones humanitarias y de asilo en el país.
“Lo triste que vemos es que personas que están saliendo de forma legítima, literalmente tratando de salvar sus vidas, se ven ahora en una condición sumamente difícil, sin poder encontrar protección humanitaria en un país que ellos escojan como un país seguro”, dijo a Efe el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, que fue parte de la comitiva.
Después de que la delegación visitara entre el 11 y 17 de agosto pasado Honduras y El Salvador, Chacón advirtió de que los inmigrantes centroamericanos están enfrentando una política de que “si te atrapa ya sea el Gobierno de México y presumiblemente el Gobierno de Guatemala te van a devolver a tu país de origen”.
Esto “en cierta forma duplica la situación de penuria, la situación de peligro en la que se encontraban en un primer momento”, agregó.
Chacón consideró que “hay una política de facto, de colaboración, de las autoridades mexicanas en la implementación de una política altamente restrictiva que busca esencialmente contener los flujos de personas que tratan de ingresar a México”, con el fin de seguir su ruta en busca de protección humanitaria en Estados Unidos.
“Es una conducta del Gobierno mexicano que ellos nunca la admitirían como una política directa de colaboración con la política migratoria estadounidense -dijo-, pero todos sabemos que están actuando de esta manera por la amenaza que hizo el Gobierno de (Donald) Trump de castigar a México con medidas arancelarias”.
Tras la visita, la delegación divulgó esta semana un informe titulado “No migran, huyen: hacia una solución a la crisis de derechos humanos que afecta a personas migrantes y solicitantes de asilo”, que, según Chacón, buscarán compartir con distintos sectores para “animar a más tomadores de decisiones en Estados Unidos” a que visiten esa región.
En especial, opinó que es importante que se trasladen a la frontera entre México y Guatemala “para que constaten las consecuencias trágicas, concretas que tiene la manera tan salvaje en que la Administración de Trump está cambiando las reglas del juego en todo lo que se refiere a protección humanitaria”.
“El centro más grande de detenciones que tiene México, que es conocido como la Estación siglo XXI, que está ubicado en la ciudad de Tapachula, estaba prácticamente lleno a capacidad total y tiene capacidad de procesar diariamente a unas 900 personas, la mayoría de las cuales son centroamericanas y siguen siendo mayormente de Honduras, de Guatemala y en un tercer plano El Salvador”, relató.
Y advirtió de que, “ante la actitud del Gobierno mexicano, la gente es arrestada y de manera acelerada es deportada”, mientras que, pese a que en teoría deberían poder buscar protección humanitaria en ese país, en la práctica esto “pasa muy poco”, principalmente por el desconocimiento de los inmigrantes del proceso de refugio.
Chacón alertó en ese contexto sobre las “lamentables consecuencias” que enfrentan también “personas que ni siquiera son centroamericanos”.
“Hay una cantidad de personas que están solicitando asilo en México, pero que no son de América Central, sino que son de países más distantes, incluyendo africanos”, apuntó Chacón, que calificó de “precario” el panorama que encaran estos migrantes, cuyos Gobiernos no tienen acuerdos bilaterales con México o legación diplomática.
“Estas personas se ven literalmente secuestradas en Tapachula, porque no pueden ni regresar a su país ni pueden ser procesadas de manera ágil. Muchas veces no hablan ni siquiera español estas personas, ni hay intérpretes que les puedan ayudar”, relató.
El activista enfatizó que para los centroamericanos hay, en cambio, “una política de arresto, detención y deportación expedita” a diferencia de los inmigrantes “extracontinentales”, que se ven afrontan meses de espera “sin que haya garantías de ningún tipo de protección mientras esperan el proceso”.
La comitiva plasmó en su informe como recomendaciones dejar de apoyar la militarización de la seguridad pública en Centroamérica, promover la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica y fortalecer las protecciones humanitarias y de asilo en EE. UU.
Asimismo, proponen proteger a las mujeres, a la población LGBTI y a otras poblaciones vulnerables, así apoyar oportunidades de desarrollo social y económico en comunidades de Centroamérica.
