MINNEAPOLIS, MN
Las autoridades federales deben restablecer controles para evitar cambios en las leyes locales de votación que obstaculizan el voto de las minorías, especialmente de los latinos, asegura un informe dado a conocer este martes.
Para evitar esta situación, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), el Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y Asiático Americanos Avanzando la Justicia (AAJC) establecen guías para revisar prácticas que, en su opinión, han sido utilizadas para suprimir el voto de latinos, migrantes y afroamericanos.
“En los últimos cinco años hemos visto un marcado incremento en instancias de supresión de voto que buscan reducir la influencia electoral de las minorías y particularmente de los votantes latinos”, afirmó al presentar el informe Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de NALEO.
Unos 32 millones de hispanos podrán votar en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre de 2020, cinco millones más que en los comicios de 2016, lo que convertirá a los latinos en el grupo minoritario con mayor peso en las urnas.
Estas organizaciones aseguran que el país debe abordar los “graves asuntos de derechos de voto” y para ello se debe intentar aplicar con “toda su fuerza” los preceptos de la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Esa norma fue elaborada para garantizar que los afroamericanos pudieran ejercer su derecho al voto en los estados del sur, que contaban con amplias restricciones al respecto.
En 2013, el Tribunal Supremo tumbó un apartado esencial de esa ley que obligaba a ciertos territorios sureños -tradicionalmente discriminatorios con minorías- a que sus regulaciones electorales fueran avaladas previamente por el Gobierno federal.
Pero en opinión de estos grupos se deben reinstaurar ciertas medidas para combatir las prácticas que han sido “usadas más frecuentemente para prevenir los votos de las minorías”.
Entre las prácticas antivoto denunciadas, el informe señala “acortar las horas y los días de las votaciones, levantar nuevas barreras para el registro de los votantes, eliminar votantes de las listas, implementar leyes de identificación restrictivas al voto y reconfigurar los distritos electorales”.
El análisis se manifiesta en contra la exigencia de pruebas de ciudadanía a los votantes migrantes que “imponen requisitos previos para el registro del voto que están por encima y más allá del requerimiento mínimo legal”.
Igualmente pide que haya orientación, ayuda e información a los votantes en otros idiomas diferentes al inglés, y advierte sobre el peligro de utilizar la redistribución de distritos electorales para limitar la fuerza del voto de las minorías, entre otras prácticas.
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