SAINT PAUL, MN
La compañía de transporte Greyhound no permitirá más el acceso de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a sus autobuses para realizar controles de migración de rutina a menos que tengan una orden judicial, reportó este viernes el diario The Wall Street Journal.
La decisión de la compañía se da tras insistentes llamados de defensores de los inmigrantes para que no permitiera esta práctica.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha liderado la batalla en favor de los pasajeros. La semana pasada la organización instó a Greyhound a impedir el acceso de agentes de la CBP a sus autobuses, después de conocerse un memorando de la agencia federal que asegura que los oficiales deben tener el consentimiento de la compañía para hacer sus registros.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, ACLU dijo que la decisión de la compañía de transportes “se parece mucho a las recomendaciones hechas” por la organización.
Andrea Flores, subdirectora de política de igualdad de ACLU, advirtió en un comunicado que “la compañía (Greyhound) en su conjunto tiene la responsabilidad de adoptar una postura clara contra el perfil racial y el hostigamiento de sus clientes”, y que la organización estará atenta para “garantizar que así sea”.
La abogada recordó que no se puede determinar el estado migratorio de alguien en función de cómo se ve o suena. “Intentar hacerlo conduce a un perfil racial dañino, detención injusta y temor y hostigamiento generalizados de los pasajeros negros y marrones”, sostuvo.
ACLU urgió el verano pasado a FirstGroup Plc, empresa matriz que engloba a Greyhound, a impedir el acceso de las autoridades de migración a los vehículos.
La organización considera que al subir a los autobuses y preguntar sobre el estatus migratorio de los pasajeros, los agentes de CBP violan sus derechos constitucionales al someterlos a hostigamiento, registros y confiscaciones sin orden judicial debido a un claro perfil racial.
Señaló que, al permitir estas acciones, Greyhound respaldaba las “políticas inhumanas” del Gobierno del presidente Donald Trump pues, como negocio privado, tiene el derecho, de acuerdo a la Cuarta Enmienda constitucional, de negar el permiso a CBP a abordar y registrar sus autobuses sin causa probable o una orden judicial.
Enoka Herat, asesora de prácticas policiales y de inmigración de ACLU, aseveró que “puede y debe proteger a sus clientes al negar el consentimiento y rechazar el perfil racial de CBP en su propiedad”.
