MINNEAPOLIS, MN
Más de 50 grupos que defienden los derechos de los migrantes demandaron este jueves al Congreso que investigue la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) en ciertos países.
“Las organizaciones firmantes pedimos al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja que aborde las graves denuncias de la posible falta de ética e ilegalidad de la decisión de la Administración de Trump por poner por delante la política”, indicaron en una carta enviada a ese comité y a la que tuvo acceso Efe.
Los grupos, entre los que se encuentran Alianza Americas, America’s Voice y el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), entre otros, criticaron a Trump por anteponer sus intereses políticos a la seguridad nacional del país y la vida de “cientos de miles de familias y ciudadanos estadounidenses”.
La misiva hace referencia a una investigación liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presentada en noviembre, que determinó que el Gobierno de Trump era consciente de que terminar con el TPS en países como El Salvador y Nicaragua tendría “graves consecuencias”.
“El explosivo informe expone casi 80 páginas de memorandos internos del Departamento de Estado y cables diplomáticos que muestran cómo altos funcionarios del Gobierno advirtieron repetidamente a Trump que terminar con el TPS tendría graves consecuencias”, apuntaron los firmantes.
Estados Unidos anunció en octubre del año pasado la ampliación a otros doce meses del TPS para las personas salvadoreñas como parte del proceso legal relacionado a las demandas presentadas por su anulación, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Un año antes, en octubre de 2018, el juez federal estadounidense Edward Chen bloqueó la suspensión ordenada por Trump del TPS para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, con el argumento de que produciría un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar Estados Unidos.
Según la Alianza Nacional para el TPS (TPS Alliance), en febrero de 2019 se presentaron nuevas demandas por la cancelación del TPS ya que fue motivada “por racismo”. Estos procesos se mantienen abierto debido a apelaciones.
El TPS para los más de 190.000 salvadoreños, que les permite trabajar de manera legal en Estados Unidos, lo aprobó en 2001 el entonces presidente, George W. Bush, a raíz de dos terremotos que asolaron gran parte de El Salvador a principios de ese año.
Una de las salvadoreñas amparadas por esa protección migratoria desde 2001, Reyna Sorto, lamentó hoy en una conferencia telefónica que la incertidumbre generada le provoca “angustia, desesperación e inseguridad”.
“He establecido una familia aquí, tengo dos hijos, esposo, casa. Tengo mi vida hecha aquí y creo que ni El Salvador está preparado para recibirnos ni nosotros tampoco para ir ahí”, señaló.
