SAINT PAUL, MN

El mayor plan de ayuda económica de la historia moderna de Estados Unidos, por 2,2 billones de dólares y aprobado anoche por el Senado para afrontar la pandemia del coronavirus, deja atrás a millones de inmigrantes que están en primera línea como proveedores de salud y trabajando en diversos campos, denunciaron este jueves grupos latinos.

Las organizaciones dejaron escuchar su voz en protesta por la exclusión de millones de indocumentados y sus hijos nacidos en EE.UU. de la ayuda económica, pese a que muchos han perdido sus empleos, como Nydia y María, único sostén para sus tres hijos, y que tampoco pueden contar con los beneficios de salud del Medicaid, un programa para personas de bajos ingresos.

El estímulo económico excluye también a los que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS), programa migratorio creado en 1990 con el que se conceden permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, así como a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Nydia y María viven en Nueva Jersey y perdieron su trabajo hace dos semanas tras el brote del virus pero no pueden recibir los beneficios de desempleo, pese a que han pagado impuestos, porque están reservados para ciudadanos y residentes legales.

“Nuestra única esperanza (en la Cámara de Representantes, donde se verá mañana el proyecto de estímulo económico) son los legisladores de nuestros estados para que nos ayuden a luchar por nuestros derechos como seres humanos. No nos miren como trabajadores sino como seres humanos. Somos seres humanos como cualquier ciudadano en este país y cualquier parte del mundo”, reclamó Nydia, que está ahora en casa con sus familiares “y muy preocupados” por su situación.

Tras perder su empleo en un restaurante, donde aún le deben su último cheque y no sabe cuándo lo recibirá, María comenzó a trabajar en una fábrica para mantener a sus hijos “con poca protección, a menos de un pie de distancia y somos muchos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se mantenga una distancia de seis pies para evitar el contagio con el coronavirus, y en algunos estados afectados no se permite la aglomeración de público en el mismo lugar.

“La agencia para la que trabajo solo nos envía una van para transportar a unas 18 personas (hasta la fábrica) y viajamos de pie y amontonados. Es un trato inhumano. Hacemos alimentos para alimentar a Nueva Jersey y sin embargo vivimos con inseguridad de comida y miedo a contraer el coronavirus. Pero yo, como otros inmigrantes, no tengo mucha opción”, dijo la mujer durante una conferencia de prensa de la organización Se Hace Camino en Nueva Jersey.

“Aunque el presidente (Donald Trump) puso un alto temporal a los desalojos, miles de familias inmigrantes vivimos con el estrés de cómo vamos a pagar el alquiler. Vivimos con miedo al desalojo y a más pobreza”, afirmó la inmigrante, que lamentó que el Gobierno opte por dar dinero a las corporaciones en el paquete de estímulo y no a trabajadores que como ella pagan impuestos.

María recordó que otros como ella hacen un trabajo “que mantiene a los demás durante esta crisis”.

“Merecemos estar en el estímulo”, enfatizó.

Tras a aprobación del estímulo económico, organizaciones de defensa de inmigrantes y otros trabajadores recordaron que el COVID-19 no discrimina por sexo, religión, raza o estatus legal, pero el proyecto de ley, que aún debe ser evaluado este viernes por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Trump, no protege a todos los que viven en este país.

En contraste, destacaron, el acuerdo otorgará un fondo de rescate corporativo de 500.000 millones de dólares, que será supervisado por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

“Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continúa deteniendo y deportando inmigrantes”, advirtió la organización neoyorquina Se Hace Camino.

La propuesta del Senado, de mayoría republicana, incluye 250.000 millones para pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan un a renta de menos de 75.000 dólares al año, más 500 dólares por cada menor de 17 años.

También 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas, otros 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo y 150.000 millones para apoyo a las autoridades locales y estatales.

Un total de 130.000 millones se destinan a reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares como en el estado de Nueva York comienza a estar saturado.

Pili Tobar, directora ejecutiva de la organización America’s Voice, con sede en Washington, lamentó que la propuesta bipartidista aprobada en el Senado no brinde cobertura de Medicaid para las esenciales pruebas del virus y tratamiento para todos, independientemente del estado migratorio.

“Dejar a los inmigrantes que viven en nuestras comunidades y que están en la primera línea de la respuesta de la nación a COVID-19 fuera de la solución a esta crisis de salud es peligroso y solo obstaculizará nuestra capacidad para combatir esta pandemia”, señaló la activista.

Por su parte, Janet Murguía, presidenta de UnidosUSA, se mostró complacida de que demócratas y republicanos hayan logrado un acuerdo pero también aseguró que “se necesitará mucho más pronto para proteger familias vulnerables del impacto de la crisis de salud del coronavirus”.

“Si vamos a superar esto juntos, y construir un país más fuerte, necesitamos proveer pruebas y tratamiento para la enfermedad para todas las familias y los esfuerzos de ayuda”, abundó.

Mientras que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) también dejó oír su voz para señalar que el estímulo es un paso en la dirección correcta para aliviar las dificultades económicas de millones de estadounidenses, pero “se necesita hacer mucho más”.

“Estamos preocupados por los trabajadores agrícolas, los indocumentados y resientes legales que necesitan ayuda también. Todos los trabajadores que sostienen la economía necesitan ser incluidos en las protecciones de desempleo y salud que se están negociando”, dijo su presidente Domingo García.