MINNEAPOLIS, MN
El Caucus Hispano en el Congreso advirtió este jueves que el Tribunal Supremo de Justicia puede dar pronto su fallo sobre un programa que ampara de la deportación a cientos de miles de migrantes, y urgió al Senado a que vote una legislación que proteja a los “soñadores” y a quienes tienen un estatus migratorio de protección temporal.
En un mensaje al jefe de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, los legisladores demócratas señalaron que más de 300.000 beneficiarios del programa son “trabajadores esenciales que sirven a nuestra nación” durante la pandemia de COVID-19.
El programa, creado por decreto del entonces presidente Barack Obama en 2017, ha dejado en suspenso la deportación de unas 700.000 personas que fueron traídas como inmigrantes ilegales cuando eran menores de edad. El gobierno del presidente Donald Trump anuló el decreto y el asunto ha llegado al Tribunal Supremo cuyo fallo se espera antes de que concluya la sesión en junio.
La situación precaria de estas personas, en su mayoría jóvenes y que se denominan a si mismas “soñadores”, se agravó después que este martes la secretaria de Educación, Betsy DeVos, en una instrucción sobre la distribución de más de 6.000 millones de dólares en fondos para ayudar a las universidades, excluyó de esos recursos a la mayoría de los estudiantes cubiertos por DACA.
Según la Oficina de Investigaciones del Congreso, el Estatus de Protección Temporal (TPS) incluye a unas 411.000 personas que han llegado huyendo de conflictos armados o desastres naturales. Actualmente cubre a ciudadanos de Nicaragua, Haití,
El Salvador y Honduras, entre otros países, que obtienen permisos para trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Reiteramos nuestro llamado urgente para que se ponga a votación el proyecto de ley cuando el Senado retorne a sesiones en mayo”, dijeron los más de cien firmantes de la carta.
“El futuro de más de un millón de personas que han demostrado su dedicación a este país, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y que han demostrado una determinación notable en su capacidad para ser ciudadanos productivos está en juego debido a la inacción” del Senado, añadieron.
La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó en junio de 2019 una ley destinada a sustituir el decreto de Obama con una legislación definitiva. Pero McConnell no ha puesto la medida a debate ni a votación en el Senado.
Los legisladores demócratas recordaron que en promedio los beneficiarios de DACA fueron traídos a Estados Unidos cuando tenían seis años de edad, mientras que quienes están amparados por TPS, en promedio, han estado en el país por 22 años.
“Estas personas son vitales para sostener nuestro sistema de cuidado de la salud y nuestra economía en la respuesta a la pandemia”, apuntaron los legisladores.
Tomados en conjunto quienes están bajo DACA y TPS, los beneficiarios de ambos programas tienen casi medio millón de hijos e hijas que son ciudadanos estadounidenses y “cientos de miles más de ciudadanos estadounidenses que son sus padres, madres, cónyuges y hermanos”, apuntó la carta.
Si esta gente fuese deportada “muchos individuos retornarían a países que jamás han conocido y otros serían forzados a retornar a países donde se sufre de pobreza y violencia extremas”.
