MINNEAPOLIS, MN
Decenas de alguaciles que colaboran con el gobierno federal en la detención de migrantes tienen historial de “racismo, abuso y violencia”, según un estudio divulgado este miércoles por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El informe, titulado “Licencia para el abuso”, examinó los acuerdos de cooperación en tareas migratorias que tienen jurisdicciones locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mediante en el polémico programa conocido como 287(g).
Según ACLU, el 59 % de los alguaciles que participan en ese programa tiene antecedentes de “retórica antiinmigrante y xenófoba” lo cual “contribuye a un continuo clima de temor para los inmigrantes y sus familias”.
Aunque la aplicación de las leyes de inmigración es asunto que corresponde al gobierno federal, al menos 142 agencias policiales estatales y municipales han firmado acuerdos con ICE al respecto.
“Esta revisión integral reveló que los estereotipos raciales, las condiciones deficientes de encarcelamiento y otras violaciones de los derechos civiles ocurren de manera generalizada entre las agencias estatales y locales”, afirmó la organización de derechos civiles.
La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que delegue en agencias estatales y locales seleccionadas la aplicación de las leyes de inmigración.
El informe, que analizó el programa hasta abril pasado, detalla que el 55 % de los alguaciles involucrados “ha hecho declaraciones abogando por políticas migratorias y medidas de vigilancia fronteriza inhumanas, promoviendo una información equívoca y falsa”.
El informe de ACLU sostiene que el 65 % de las agencias participantes en el programa 287(g) tiene antecedentes del uso de estereotipos raciales y otras violaciones, incluido el uso excesivo de la fuerza.
“El 77 % de los alguaciles, autoridades carcelarias locales y directores estatales de cárceles operan sitios de detención con antecedentes graves y amplios de condiciones inhumanas”, añadió.
Durante su campaña electoral en 2020, el presidente Joe Biden prometió que pondría fin a ese programa, pero su gobierno lo ha mantenido en efecto.
