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ALERTAN A INMIGRANTES SOBRE CAMBIOS EN PRIORIDADES DE ARRESTO Y DEPORTACIÓN

Alertan a inmigrantes sobre cambios en prioridades de arresto y deportación

MINNEAPOLIS, MN

La organización Voces de la Frontera urgió este lunes a la comunidad indocumentada a conocer sus derechos y estar informada sobre los cambios en las prioridades de arresto de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, en medio de la batalla legal que sostiene la Casa Blanca con varios estados republicanos.

La advertencia a los indocumentados se da después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicara el pasado sábado que acatará un fallo judicial que anuló las prioridades para detener y deportar extranjeros asumidas por el Gobierno del presidente Joe Biden.

La orden judicial dejó a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sin ninguna instrucción oficial sobre qué inmigrantes deben y no deben detener.
“Los inmigrantes necesitan conocer sus derechos para protegerse de la deportación”, señaló Voces de la Frontera en un comunicado.

La organización considera que los más de 11 millones de indocumentados estarían expuestos nuevamente la deportación.

El pasado 11 de junio, el juez Drew Tipton, del Distrito Sur de Texas, falló en favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, que pretenden dejar en pie las prioridades establecidas por el ahora expresidente republicano Donald Trump, que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados.

Tipton dijo que las prioridades establecidas por la actual Administración demócrata, que se enfocan en el arresto de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional y que cruzaron recientemente la frontera de Estados Unidos, no cumplían con los procedimientos administrativos. El magistrado calificó estas prioridades de “arbitrarias y caprichosas”.

Voces de la Frontera consideró que la decisión del juez “es parte de una estrategia más amplia de la derecha para suprimir la voluntad del pueblo mediante el control de los tres brazos del Gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mediante tácticas de supresión de votantes y nombrando y eligiendo jueces de derecha”.

Por su parte Michelle Mittelstadt, vocera del Migration Policy Institute (MPI), explicó  que “al dejar a los agentes del ICE sin orientación oficial sobre qué tipos de casos merecen prioridad y cuáles no, la orden judicial podría dar lugar a acciones de cumplimiento inconsistentes en todo Estados Unidos”.

Añadió que los inmigrantes potencialmente removibles pueden enfrentar diferentes resultados basados no sólo en la jurisdicción en la que se encuentran, sino también en qué agente individual está manejando su caso.

La disputa en torno a las prioridades del ICE se inició en febrero de 2021 cuando la Administración demócrata cambió el enfoque de arrestos y deportaciones. En un fallo preliminar, Tipton bloqueó en agosto pasado la orden ejecutiva de Biden.

En respuesta a ese fallo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció en septiembre pasado una nueva norma que requiere “una evaluación del extranjero y la totalidad de los hechos y circunstancias para garantizar que los recursos del ICE se concentren de manera más eficaz en aquellos que representen una amenaza”.

La nueva regla, que entró en vigor el pasado 29 de noviembre, también da prioridad a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma irregular. Pero el nuevo fallo de Tipton la deja sin efecto.

En una declaración emitida el sábado pasado el DHS indicó que “si bien el Departamento está totalmente en desacuerdo con la decisión judicial del Distrito Sur de Texas de anular las pautas (de detención), el DHS cumplirá con la orden judicial mientras continúa apelándola”.

Por su parte Voces de la Frontera anunció que copatrocinará una acción nacional el próximo 25 de julio para condenar las acciones del Partido Republicano contra los inmigrantes, y pedir al Gobierno de Biden que cumpla con su promesa de campaña de abolir la medida que autoriza la colaboración de las fuerzas policiales con el ICE.



 


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