SAINT PAUL, MN
El plan del Gobierno del presidente Donald Trump de ampliar la recopilación de datos biométricos de inmigrantes, que incluiría escaneos oculares, impresiones de voz, muestras de ADN y reconocimiento facial, creará una “vigilancia continua” a millones de extranjeros en Estados Unidos, sus familias, e incluso sus hijos no nacidos, alertan expertos.
La propuesta, que acaba de terminar su periodo de comentarios, permite al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) expandir la cantidad de datos personales que se toman a los inmigrantes que realizan procesos como solicitudes de residencia permanente, peticiones familiares y de autorización de empleo, entre otros.
“Esta dramática expansión impactará a cerca de seis millones de personas en Estados Unidos cada año”, subrayó a Efe Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council (AIC).
Desde que se lanzó la propuesta en septiembre pasado, los defensores de los derechos de los inmigrantes emitieron voces de alerta y calificaron la iniciativa de “una de las políticas más inquietantes de esta
Administración, según expresó Sarah Pierce, analista de políticas del Migation Policy Institute.
Un grupo de organizaciones que incluye al AIC, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Immigration Defense Clinic at Colorado Law School sometieron unas serie de comentarios en oposición a la regla para tratar de detener su aplicación.
Las organizaciones alegan que los nuevos requisitos crean demoras burocráticas y amenazan con desarrollar un estado de vigilancia de “investigación continua” para los no ciudadanos y sus familiares, además de ir contra los derechos constitucionales de los inmigrantes.
En los comentarios públicos las organizaciones advierten que la Cuarta Enmienda de la Constitución proporciona protecciones contra la intrusión ilegal sobre los derechos de privacidad, y que estas protecciones se aplican a ciudadanos y no ciudadanos por igual.
“Las limitaciones de privacidad deben servir a un propósito legítimo. También deben ser necesarias y representar la opción de menor intrusión disponible para alcanzar ese propósito. La regla propuesta del DHS (Departamento de Seguridad Nacional ) no cumple con este estándar”, aseguran los activistas.
Además de los datos que actualmente se toman, como huellas dactilares, la nueva propuesta permitiría al DHS ir más allá y realizar escaneos del iris, registrar huellas de la palma de la mano e impresiones de voz, y también ampliar la toma de muestras de ADN.
PREOCUPACIÓN POR MUESTRAS DE ADN
Aunque la oposición a la ampliación de toma de datos biométricos es generalizada, Loweree mostró gran preocupación por la relativa a las muestras de ADN, al considerarla como la prueba más invasiva.
“El problema con el ADN es que da una tremenda carga de información, no solo sobre nosotros sino sobre las personas que son familiares. No está limitando la información a una persona, sino que el Gobierno tendrá información sobre mis padres, mis hijos nacidos, e inclusive aquellos que no han nacido”, recalcó.
A esto se sumaría la falta de confianza en las pruebas de ADN. Según la regla propuesta, el DHS recolectaría muestras de individuos usando hisopos que luego serían analizados localmente por una máquina Rapid DNA o enviados por correo a un laboratorio acreditado para realizar pruebas. Los activistas advierten que el mismo Gobierno reconoce que la tecnología Rapid DNA no permitiría obtener resultados confiables.
La regla propuesta tampoco justifica la carga adicional que impondría a la infraestructura de pruebas científicas del DHS durante la pandemia de coronavirus que ya enfrenta el país, y que podría crear una gran acumulación de casos. También advierten el hecho de que la regla no proporciona a los inmigrantes la posibilidad de impugnar el resultado de la prueba de ADN.
Los defensores de los inmigrantes advierten igualmente que la gran cantidad de pruebas requeridas por la regla propuesta conllevaría inherentemente un riesgo de errores.
“Si a una persona no se le proporcionan los medios para impugnar el resultado de una prueba de ADN, un resultado erróneo podría conducir a la denegación de un beneficio de inmigración, o a la deportación”, advierten los comentarios.
Loweree también llama la atención sobre el hecho de que esta información permanecerá de forma perpetua en manos del DHS, y que no tienen claro cuál es el propósito y la necesidad del Gobierno.
RECONOCIMIENTO FACIAL INEXACTO
Las críticas también van dirigidas hacia la toma de impresiones de voz, escaneo del iris o reconocimiento facial ya que el Gobierno proporciona poco o ningún análisis o explicación sobre los supuestos beneficios para identificar a los inmigrantes más allá de las huellas dactilares o las fotografías actualmente requeridas.
En el caso del reconocimiento facial, la regla propuesta cita un programa piloto realizados por la Patrulla Fronteriza en varios aeropuertos para identificar el fraude, afirmando que los resultados iniciales son “muy favorables”.
Sin embargo, este es el mismo programa piloto que ha sido objeto de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General del DHS por una violación masiva de datos.
A la lista de críticas se suma el hecho de que el Gobierno de Trump limitó a 30 días el tiempo para entregar los comentarios públicos, fecha que expiró esta semana.
Loweree resalta que la implementación de esta regla aún es incierta por la época electoral y los resultados de las elecciones presidenciales. No obstante, resalta que la iniciativa es “muy preocupante” si el Gobierno de Estados Unidos decide continuar con la aplicación.
