MINNEAPOLIS, MN. (EFEUSA).
La decisión del Gobierno de poner en proceso de deportación a indocumentados y residentes permanentes a los que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) deniegue peticiones de estatus es uno de los golpes más duros que ha recibido la comunidad inmigrante, advirtieron expertos.
Las nuevas directrices de la Administración establecen que USCIS entregará ahora notificaciones de comparecencia ante un juez de inmigración (Notice to Appear o NTA, por su sigla en inglés) a todas aquellas personas sin estatus legal a las que se les deniegue un beneficio migratorio.
“Esto es un golpe muy duro para los indocumentados y para nosotros los abogados que ahora tendremos que estar casi al 99 % seguros que va a ser aprobada la petición, o sino es mejor no intentarlo”, dijo a Efe, el abogado de inmigración Fernando Romo.
Las críticas a la nueva regulación han llovido por todas partes.
Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), aseguró que la nueva medida desanimará a las personas que son elegibles para recibir beneficios migratorios por temor a ser arrojados “a la máquina de deportación si se les deniega”. La abogada resaltó que el indocumentado se verá afectado incluso si esa negación se debe a un error de la agencia.Los afectados por este cambio serán todos aquellos inmigrantes que están indocumentados y que presentan un ajuste de estatus, especialmente una petición hecha por un familiar.
La noticia cayó como un balde de agua fría al salvadoreño Luis R, quién no quiso dar su apellido por temor a que su caso sea afectado. El indocumentado que llegó hace más de una década a Estados Unidos, esta casado con una ciudadana estadounidense que quiere hacer una petición familiar para obtener la residencia permanente de su esposo.
“Nosotros llevamos mucho tiempo siendo pareja pero no nos casamos hasta este año por evitar cualquier cosa, pero no tenemos hijos, y ella es mayor que yo, y eso no le podría gustar al oficial de inmigración”, explicó Luis.
Su temor no es infundado, pues si el oficial de USCIS considera que las pruebas son insuficientes puede rechazar el caso y enviar al salvadoreño a la deportación.
“Yo lo estoy pensando dos veces, y tal vez mejor no me arriesgo y me quedo sin hacer la petición”, apuntó Luis.
Las nuevas directrices, que comenzaron a aplicarse la semana pasada, hacen parte de la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 25 de enero de 2017, pocos días después de llegar a la Casa Blanca, para reducir al máximo la población indocumentada en el país.
En un comunicado, el director del USCIS, Lee Francis Cissna, defendió los cambios al indicar que la nueva política permite a sus oficiales apoyar las prioridades establecidas por el presidente de mantener las “comunidades seguras y proteger la integridad del sistema de inmigración de aquellos que buscan explotarlo”.
Los indocumentados no serían los únicos que están en la mira de las autoridades de USCIS, pues los residentes permanentes a los que se les rechace su licitud de naturalización por no tener un buen “carácter moral” o haber cometido un delito serán expuestos también al proceso de deportación.
Inmigrantes que pierden el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la protección de la Acción Diferida (DACA) también estarán expuestos a recibir una orden para iniciar su deportación.
La nueva política también establece que los casos en los que se pruebe fraude o tergiversación de información también serán afectados, incluso si el caso es negado por razones distintas al fraude.
- Los inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos sin ser elegibles también podrían recibir una notificación NTA.
- Inmigrantes amparados con una visa de trabajo que pierdan su estadía legal también estarían en riesgo, explicó Tonello.
Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, alertó de que el Gobierno está reescribiendo la Ley de Seguridad Nacional sin una acción del Congreso.
El abogado añadió que la decisión de dar a USCIS la autoridad de emitir notificaciones de deportación terminará por colapsar el trabajo de la agencia y de las cortes de inmigración.
“Esta política se basa en la creencia de la Administración de que cada inmigrante es desagradable e indeseable”, agregó.
“Antes si el caso no era muy fuerte sólo se perdía el tiempo y el dinero de la aplicación, ahora la perdida puede significar la deportación”, indicó. “No es tiempo de arriesgarse”.
