MINNEAPOLIS, MN. Mike Moen
El nuevo año, las solicitudes de ingreso a la universidad en Minnesota se verán un poco diferentes: ya no incluirán una pregunta inicial sobre los antecedentes penales de una persona, una medida que, según afirman los partidarios, crea un mejor futuro para quienes buscan una educación superior.
La nueva ley estatal acaba de entrar en vigor una ley que prohíbe a los colegios y universidades públicas y privadas de Minnesota preguntar sobre los antecedentes penales de los solicitantes en los formularios iniciales que completan, excepto para programas como el de aplicación de la ley.
La senadora Clare Oumou Verbeten, DFL-St. Paul, patrocinó el proyecto de ley y dijo que al impulsar el acceso a la educación superior, están brindando a los solicitantes una salida para reconciliarse con su pasado y trazar un nuevo rumbo.
“Se trata de darles a las personas la oportunidad de explicar sus historias y situaciones, y no ponerlas en una posición en la que ni siquiera quieran intentarlo”, explicó Verbeten. “Lo más difícil de todo esto es que muchas personas simplemente se dan por vencidas”.
El cambio es una recomendación del gobierno federal Más allá de la caja Informe de 2023. Las investigaciones muestran que casi dos tercios de quienes revelaron condenas por delitos graves no presentaron su solicitud. En medio de los esfuerzos en todo Estados Unidos, algunas escuelas aún expresan preocupación por la seguridad pública.
Verbeten argumentó que la ley de Minnesota logra un buen equilibrio y brinda a las escuelas la oportunidad de realizar un seguimiento antes de que se inscriba a un estudiante.
Will Cooley, director de políticas del Centro de Investigación de Justicia de Minnesota, testificó a favor del plan. Dijo que, en términos generales, medidas similares han gozado de apoyo bipartidista, incluso en estados conservadores como Luisiana.
“He trabajado en campañas de Ban the Box en el pasado”, contó Cooley. “Una cosa que realmente me impresionó fue la amplia gama de partidarios, congregaciones religiosas, cámaras de comercio, ex presos, la lista continúa”.
El informe federal citó hallazgos que no mostraban diferencias significativas entre los índices de delincuencia en los campus de las escuelas que hacían hincapié en investigar los antecedentes penales de los solicitantes y las instituciones que no lo hacían.
Los autores también señalaron que el rendimiento educativo reduce la reincidencia en un 48%, lo que alivia la presión sobre los presupuestos estatales y federales cuando se tienen en cuenta los costos de encarcelamiento.
Este informe contó con el apoyo de Lumina Foundation.
