Eden Prairie, MN. Por Karla Rentería
En una sesión bastante controversial, los Comisionados del Condado de Miami-Dade votaron ayer por seguir las ordenes de su alcalde cubano, Carlos Giménez de cooperar con los oficiales federales de inmigración.
En la reunión que se había convocado con la esperanza de que su comunidad se uniera a la tendencia de varias ciudades que se han opuesto a las medidas energéticas de inmigración del gobierno federal los asistentes se dejaron escuchar bajo el grito de “que vergüenza.”
Miami Dade es el único condado en los Estados Unidos en donde más de la mitad de las población nacieron en el extranjero.
Los comisionados, votaron 9-3 respaldando la orden que diera el Alcalde Carlos Giménez, luego de que la administración del Presidente Donald Trump amenazara con retirar los fondos federales para las “Ciudades Santuario.”
Durante la sesión, muchas personas hablaron en contra de la orden incluyendo hijos de inmigrantes que han sido deportados, jóvenes que fueron traídos a este país de manera ilegal siendo unos niños, trabajadores de la construcción, abogados y activistas sociales.
El debate destacó la división entre los Cubano-Americanos y los inmigrantes de otros países, derivado de una política de inmigración anterior en la que se le daba tratamiento preferencial a los cubanos que huyeron del gobierno comunista de la isla. Por más de 50 años, los Cubanos eran recibidos con los brazos abiertos en Estados Unidos y podían hacerse ciudadanos mucho más fácil que la gente de otros países.
En el condado de Miami-Dade más del 51.7 por ciento de la población nació en el extranjero. Pero los inmigrantes indocumentados que viven ahí son mucho menos que los que viven en Houston o Atlanta, precisamente por que los inmigrantes Cubanos se hacían de un permiso para trabajar, un número de seguro social y se convertían en residentes legales mucho más rápido que los llegados de otros países.
En el 2013, los comisionados pasaron una resolución en la que los policías cooperarían con los oficiales de inmigración en cargos o convicciones serios y solo si el gobierno federal le reembolsaba al condado el dinero que se gastaba por ponerlos en la cárcel. Esta decisión puso al condado en la lista de santuarios.
El alcalde de la ciudad defendió su decisión de ayer y dijo que la policía del condado no va a perseguir gente o a preguntarles por su estatus migratorio y que las más de 34 personas que le han sido requeridas por inmigración han cometido crímenes.
